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Javier Cuesta, presidente de Correos.

Correos, la empresa pública opaca que se financia con 1.152 millones

Los operadores del sector logístico acusan a la compañía de competencia desleal en el servicio de paquetería mientras Bruselas investiga la legalidad de las ayudas públicas recibidas

5 min

Correos, presidida por Javier Cuesta, es una de las empresa públicas menos rentables del Estado. El Gobierno ha inyectado un total de 1.152 millones de euros en los últimos cuatro años para prestar el Servicio Postal Universal (SPU). Es decir, propiciar que todas las familias del país puedan recibir cartas. Este negocio ha terminado en un mundo cada vez más conectado en la red, la compañía colecciona números rojos --220 millones en cinco años-- y suma aportaciones públicas cuya legalidad es materia de investigación de la Comisión Europea. Bruselas tiene la lupa puesta en la compañía nacional mientras en España el Ejecutivo de Mariano Rajoy perpetúa la poca transparencia del grupo.

Una tormenta perfecta en la que Correos también es acusada de dumping y competencia desleal con el beneplácito de la Administración. Básicamente, porque el Gobierno tiene pendiente de desarrollar la Ley del Servicio Postal Universal desde diciembre de 2010. Al mantener la norma en el limbo se pueden destinar al la compañía partidas de las que no se conoce el origen final, según fuentes del sector.

Costes de personal

Los mismos interlocutores indican que la sustancial aportación pública a Correos tiene como principal destino cubrir los costes de personal, que alcanzaban el 80,8% de la cifra de negocios del grupo en las últimas cuentas consolidadas presentadas. La opacidad que rodea la compañía llega al punto de que el ejercicio del que se han obtenido los datos es de 2010.

Otra de las sospechas es que parte de la aportación pública se destina al servicio de paquetería. Desarrollar esta rama de actividad con las últimas novedades del sector es la verdadera mina de oro de la empresa pública. El e-commerce está cada vez más aceptado por la población y el reparto de mercancías de todo tipo es una parte del pastel importante y con posibilidades de proyección por el que compiten unas 30 empresas de todo el perfil en el país.

Precios de derribo

Además de cubrir el coste de implementar novedades tecnológicas en los sistemas de recepción y reparto de paquetes con fondos públicos destinados al SPU, tal y como se sospecha, que Correos tenga vía libre para mantenerse en pérdidas puede bajar los precios de los servicios a un nivel que condene al resto de operarios del sector.

El dumping  va más lejos que el simple ahogo de la competencia, el sector le acusa de poner coto a la creación de empleo en el sector. “Cuándo una compañía realiza una inversión en innovación es para ir más rápido en el servicio y eso conlleva la creación de ocupación”, indican los portavoces de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO. Eso no es posible porque los grupos se ven forzados a recortar gastos para mantener la lucha con los precios de Correos.

Denuncia ante la CNMC

La patronal del sector ha sido la que ha llevado la opacidad con la que opera Correos frente a la Comisión Europea. De forma paralela a la denuncia en Bruselas, la organización presentó la cuestión ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un año y medio después de la denuncia, el superregulador tiene pendiente afrontar la cuestión. Ni siquiera ha informado a las partes si ha incoado un expediente o ha archivado el requerimiento, algo poco usual en el organismo presidido por José María Marín Quemada.

Bruselas ha dado aire a las demandas de UNO. La patronal pide al futuro gobierno que sea valiente y aborde de una vez por todas el desarrollo de la ley del SPU. En cuanto al funcionamiento de Correos, exige luz y taquígrafo tanto en su funcionamiento como en sus cuentas. Quieren igualdad de condiciones en un sector, el de la paquetería, en el que se opera en un mercado de libre concurrencia.