El coronavirus da la puntilla a una obra pública de por sí tocada

Nunca es un buen momento para que llegue una crisis. Y menos, una de cuya magnitud no se recuerda nada igual en los últimos 80 años. Pero en el caso de la obra pública, el tremendo impacto causado por el Covid-19 llega justamente cuando estaba iniciando su particular desescalada. Las Administraciones Públicas, especialmente la central y las municipales, comenzaban a perder la alegría a la hora de acudir a los boletines oficiales que se había visto en los últimos trimestres tras un año como 2019 que concluyó como el más prolijo de la década en este capítulo.

Los datos dados a conocer recientemente por Seopan, la patronal de los grandes grupos constructores y concesionarios de infraestructuras, apuntan a un desplome notable de la licitación pública en el mes de marzo, algo esperado toda vez que coincide con el inicio de la crisis y, sobre todo, la declaración del estado de alarma a partir de la mitad del mes.

El peor mes en dos años

Las cifras hablan por sí solas: el pasado marzo, el conjunto de las Administraciones licitó un 65% menos que durante el mismo mes de 2019. El desplome fue aún más acusado en el caso del Gobierno por encima del 82%. Y catastrófico (95%) en lo que respecta al auténtico motor de la obra pública en la última década, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), responsable de la extensión de la red de alta velocidad en España. En todo el mes de marzo, Adif licitó contratos por valor de poco más de 10 millones de euros.

Pero esta circunstancia está lejos de ser un frenazo en seco. La obra pública estaba ya instalada en los últimos meses en una creciente desaceleración, que comenzó a registrarse en la segunda mitad del pasado ejercicio.

Síntomas de desaceleración

La tendencia fue especialmente acusada en el caso de la Administración Central. En parte porque el Gobierno tuvo que trabajar en funciones durante más de la mitad del año, en el que se celebraron hasta dos procesos electorales para confeccionar un nuevo Ejecutivo, que no vio la luz hasta los primeros días de 2020.

Pero también porque la economía comenzó a ofrecer preocupantes síntomas de retroceso, que incluso habían llevado a Moncloa a revisar a la baja, aunque de forma moderada, sus previsiones de crecimiento para 2019 y también para 2020.

Del mejor semestre de la década al frenazo

Los números cantan. En el último trimestre de 2019 la licitación pública por parte del Gobierno descendió un 25% respecto al mismo periodo de 2018. En el conjunto del segundo semestre, el volumen había descendido algo más de un 10%. Síntomas de enfriamiento de una tendencia que comenzó precisamente a mediados de 2018, cuando el triunfo de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy promovida por el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, propició la vuelta de los socialistas a la Moncloa, siete años después.

Un cambio que fue radical en lo que a la obra pública se refiere. Para muestra, el volumen de licitación por parte de la Administración Central durante el segundo semestre de aquel 2018 multiplicó casi por tres el que se había registrado en el conjunto de los primeros seis meses del año. Un incremento del 172% que fue la clave para que aquel año se cerrara con una cuantía total cercana a los 16.700 millones de euros, magnitudes que no se veían desde finales de la pasada década, precisamente en los albores de la anterior crisis.

Clave de la recuperación

Los casi 4.000 millones de euros que licitó el Gobierno central en la segunda mitad de 2018 se quedaron en un 15% menos durante el siguiente semestre. Y bajaron un 24,5% en la segunda mitad del año.

Ya en 2020, antes de la llegada repentina de la crisis del coronavirus, las cifras fueron más preocupantes. En los dos primeros meses del año, el retroceso en relación con el mismo periodo de 2019 superó el 36%. El Covid-19 ha venido a acelerar un proceso que ya de por sí parecía imparable y que deja en el aire si sectores como los de la construcción y sus auxiliares podrían ser claves en el proceso de recuperación económica que los partidos tratarán de pactar en la comisión parlamentaria que a tal efecto se va a construir en el Congreso.