Nuevo lío de Colau: recorta una inversión ya ejecutada

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recrudecido este martes el pulso que mantiene con Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana de la Gestión del Ciclo Integral del Agua. Ha conseguido el apoyo de la mayoría del consejo de la Administración supramunicipal para recortar los programas de inversión de la compañía. Pero se expone a un nuevo conflicto judicial con los responsables de la mixta al aplicar este tijeretazo a proyectos que ya han sido ejecutados.

En un movimiento inaudito, desestima iniciativas incluidas en los presupuestos de 2016 y 2017 de la gestora del agua. Declina proyectos por un valor total de 1,2 millones de euros; 937.295 euros corresponden a los proyectos de hace dos años y los 288.462 euros restantes, a iniciativas del ejercicio anterior. Además, considera que el Consejo de la Red Ter-Llobregat se deberá pronunciar sobre otras obras valoradas en 30.131,64 euros.

Municipalización de Colau

Para entender el fondo de la cuestión hay que tener presentes las malas relaciones que mantiene la vicepresidencia de Medio Ambiente, encabezada por Eloi Badia, con Aigües de Barcelona. Desde el inicio del mandato han intentado promover el cambio de titularidad del servicio para pasar del modelo de concesión a la gestión directa.

Lo ha hecho tanto en el ayuntamiento como en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero ha fallado en ambas administraciones al no poder tejer las mayorías políticas suficientes.

Sentencia del Supremo

En la institución supramunicipal se está a la espera de que el Tribunal Supremo publique la resolución final sobre si existieron o no irregularidades en el proceso de creación de la empresa mixta que se encarga del servicio. La compañía participada en un 70% por Aigües de Barcelona (grupo Agbar), otro 15% por la AMB y con el 15% restante en manos de Criteria.

A lo largo del último mandato, Colau y Badia, uno de sus colaboradores más cercanos, han incrementado la presión sobre la compañía. Han doblado su fiscalización y han intentado modificar el contrato de concesión que aún está vigente con la revalorización de los activos. Fue en el marco de este control exhaustivo que se decidió no aprobar los planes de inversión que se debían ejecutar en 2016 y 2017. También está en el aire el del ejercicio en curso.

Requerimiento de más información

En el pulso para recortar el gasto en inversiones sobre la red de agua, la vicepresidencia de Medio Ambiente requirió más información a la compañía sobre ciertos proyectos. Badia defendía que no se trataba de obras incluidas en los pliegos de condición del contrato y los gestores de la empresa aseguraban lo contrario. Y un incumplimiento en este sentido es motivo de la resolución de una concesión.

El problema de este pulso han sido los tempos. La resolución de los expedientes informativos incoados se ha retrasado hasta el pleno de septiembre, dos años después del año previsto para la ejecución de las obras. La compañía explica que en esta dilación aplicó la norma del silencio administrativo --que se entiende como un consentimiento la falta de respuesta de una Administración-- y asegura que las inversiones por las que se discrepa ya están ejecutadas.

Nuevo contencioso

Fuentes del AMB recuerdan que el proyecto de obras de 2016 no fue sometido a consideración del Consejo Metropolitano hasta finales del pasado junio. Hubo más celeridad en las de 2017, ya que la mayoría de los proyectos recibió el visto bueno de la cámara en el encuentro de mayo de ese año.

El enroque en las relaciones ha llegado al punto de que la resolución de los expedientes que se han sometido a valoración del consejo este martes aún no han sido notificados de forma oficial a los gestores de la empresa mixta. Desde el AMB explican que se hará lo propio en los próximos días. Será en ese momento cuando se pueda abrir un nuevo contencioso por la gestión del agua en Barcelona y sus municipios de influencia.