Chacón para los pies a los independentistas de la Cámara de Comercio de Barcelona

La consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón (JxCat), ha dejado claro ante los representantes de las 13 Cámaras de Comercio catalanas que la Generalitat no contempla incluir en la próxima ley catalana que regulará las organizaciones de dinamización empresarial ninguna fórmula de financiación pública. Tampoco buscará un encaje para que las empresas deban pagar una cuota obligatoria, dos portazos a las pretensiones económicas planteadas por el equipo independentista encabezado por Joan Canadell.

Àngels Chacon en imágenes de archivo / EUROPA PRESS

Fue el propio presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona el que anunció que este sería uno de los objetivos que perseguiría en el último plenario de la institución. Por ahora, en Cataluña no tendrá demasiado recorrido.

Demandas territoriales

Chacón intenta asumir el rol de política cercana a las empresas en los últimos tiempos, y no duda incluso en desautorizar a independentistas como Toni Comín en mensajes contra la actividad económica. En el contexto cameral, ya ha avanzado que no piensa recuperar el borrador de la ley de Cámaras catalanas que se redactó durante el mandato de Jordi Baiget en el departamento.

Acepta de este modo la gran petición de las organizaciones territoriales, que criticaron que esta estrategia les quitaba poder y lo concentraba todo en la Cámara de Cataluña. La norma que se ha perfilado entierra esta figura, una concesión que se había hecho a las demandas independentistas para disponer de una institución que ejerciera de contrapoder real a la Cámara de España.

Consejo General de Cámaras de Comercio

La oposición de los empresarios locales fue frontal desde el primer momento. Lamentaron el centralismo de la Generalitat y exigieron una rectificación que ha llegado años después de la mano de la política de Igualada.

La consejera de Empresa, Àngels Chacón (c), junto al presidente del Consejo General de Cámaras de Comercio, Joan Canadell (c), y el resto de miembros de la institución / GENCAT

Las 13 organizaciones empresariales catalanas continuarán enmarcadas en el Consejo General de Cámaras de Comercio. Se podrá adaptar el nombre para darle una pátina de actualidad si así lo desean los ejecutivos, pero no se le dará mayores atribuciones. Se contempla que es la red territorial el gran valor añadido de estas entidades y se busca potenciarla, tal y como indican fuentes conocedoras del borrador.

Falta de consenso cameral

El departamento de Empresa ya ha dado el disparo de salida del proceso de redacción de la ley que está frenada desde 2014 y ha marcado un calendario corto para la discusión sectorial. Los nuevos líderes camerales de fuera de Barcelona reconocen que el gran reto actual es el de conseguir el consenso sobre “cuál es el modelo que queremos”.

Todos ellos coinciden en que se les ha brindado una oportunidad única para sentar las bases sobre su organización futura, y aseguran que sabrán buscar soluciones, pero la falta de unidad de discursos es patente. En especial, con el equipo directivo de Barcelona.

Politización de la ANC

La politización que ha hecho Canadell de la institución y su presencia constante en la actualidad, de nuevo por pronunciamientos más políticos que empresariales, ha generado malestar en el Consejo actual.

Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, en una imagen de archivo / EFE

No ha generado demasiada unión que Eines de País, el equipo surgido de la ANC, intente llevar al resto de organizaciones empresariales la declaración institucional a favor del procés y en la que se llama al paro de país tras la sentencia del caso del 1-O. Girona, Palamós y Valls se han sumado, mientras que Terrassa y Sant Feliu de Guíxols se han desmarcado. En Lleida se debatirá este jueves, hecho que se queda lejos de la unidad a la que Canadell aspiraba.  

Financiación y representatividad

Casi en forma de deseo, los empresarios territoriales esperan que en el debate sobre la ley catalana de Cámaras de Comercio queden aparcadas las cuestiones identitarias. Entre las demandas iniciales que se incluyen, no se renuncia a que la Consejería otorgue algún tipo de apoyo económico para hacer frente de forma exclusiva a las funciones públicas que debe asumir. También se abre el debate sobre la necesidad de disponer de una estructura interna en el Consejo actual que se lleva buena parte de los recursos que existen.

Asimismo, se reclama que se reconozca cierto grado de representatividad al ser la voz de los empresarios del territorio. Todo ello serán cuestiones que deberán incluirse en un borrador que es posible que no vea nunca la luz, tal y como apuntan los propios líderes camerales. El posible adelanto de las elecciones en Cataluña deja de nuevo en el aire la tramitación parlamentaria de la norma que tendrá lugar en la primera mitad de 2020.