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El expresidente del BBVA Francisco González / EDUARDO PARRA (EP)

El juez mantiene la imputación de Francisco González por administración desleal

El magistrado rechaza el recurso del expresidente de BBVA y une la causa a la investigación por cohecho y revelación de secretos por colaborar con José Manuel Villarejo

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el denominado caso Villarejo, ha decidido mantener la condición de imputado por un presunto delito de administración desleal a Francisco González (FG). El que fuera el todopoderoso presidente ejecutivo del BBVA deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados por los encargos que realizó al excomisario José Manuel Villarejo, cuyas prácticas estaban al margen de la ley. 

El magistrado ha rechazado el recurso de reforma presentado el pasado 20 de julio por el exbanquero, quien habría utilizado fondos de la entidad para encargar a Villarejo un informe para valorar la adquisición de una finca que quería comprar a título personal.

Volverá a citarle a declarar

En un auto dictado este miércoles, García Castellón ha señalado que la investigación se encuentra en fase embrionaria, por lo que considera “esencial” tomarle declaración. De este modo, González será citado de nuevo ante la Audiencia Nacional. Debe responder a la acusación de que cometió un delito de administración desleal, que se suma a los delitos por los que ya se le investigaba. Es decir, a los de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Todo ello, por espiar presuntamente a la empresa Sacyr.

En su recurso, González alegaba que todas las gestiones que realizó con brókeres y tasadoras en la operación inmobiliaria que está bajo el foco judicial las pagó “de su bolsillo”. Asimismo, advertía de una falta de motivación en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que ni concretaba los recursos que supuestamente se emplearon ni identificaba la finca en cuestión.

Sin acciones legales de BBVA

Por otro lado, el exbanquero insistía en que el ministerio público no estaba legitimado para iniciar un procedimiento por el delito por el que se le acusa dado que requiere una denuncia previa del afectado. No obstante, los hechos por los que se le acusa solamente habrían perjudicado a una persona jurídica, el banco BBVA, el cual no ha emprendido ningún tipo de acción legal.

García Castellón rechaza los argumentos de FG. Entiende que no se necesita entrar a valorar si el presunto hecho delictivo afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Además, el juez recuerda que el BBVA es una de las mayores entidades financieras del país y cotiza en el Ibex 35, de modo que “el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquellos, así como al interés general”. Sean de la cúpula, que no buscaría pasar cuentas con su anterior máximo gestor, o del resto del pool de propietarios del banco, incluso a los pequeños accionistas.