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El fiscal determinará si la EAS of Barcelona tiene vínculos con el 'pufo' de Top Fly (en la imagen) / CG

'Caso Top Fly': la Fiscalía investigará la nueva escuela de pilotos ligada al 'pufo'

El Ministerio Público determinará si EAS Barcelona "perjudica" a los afectados por el cierre

3 min

La Fiscalía Provincial de Barcelona investigará la nueva escuela de pilotos de los causantes del agujero del centro de formación aérea Top Fly. El Ministerio Público deberá determinar si la European Aviation School of Barcelona (EAS) es la continuadora del centro aéreo, que cerró en 2011 dejando a 89 alumnos tirados.

Según ha podido saber Crónica Global, los perjudicados han presentado sendos escritos en la Fiscalía y el Juzgado de Primera Instancia número 31 de la capital catalana. El documento insta a ambos organismos a determinar si "se pudiera derivar perjuicio" de la nueva aventura empresarial.

Precisamente, esta sala fue la que determinó en 2012 que Top Fly debía abonar 4,77 millones de euros más intereses a 81 estudiantes que interpusieron denuncia, al considerar resuelto el contrato entre ambas partes.

"Ninguna responsabilidad"

Preguntado sobre la cuestión, Jorge García Veguín, instructor de vuelo en EAS y exadministrador de Top Fly, niega la relación entre las dos mercantiles. "Mi posición en la sociedad es la de instructor de vuelo sin tener capacidad de administración", ha manifestado el empresario a este diario. 

"Nunca he sido condenado --ha continuado-- a pagar ninguna cantidad económica ni siquiera fui citado en los juicios y/o sentencias mencionadas e, insisto, no tengo relación en el concurso de acreedores de Top Fly".

Aunque personal de EAS Barcelona trabajó para la sociedad fallida, el también formador ha agregado que la escuela "apuesta firmemente por este proyecto igual que las personas que forman parte de la organización: directivos, instructores de vuelo y simulador, profesores de teórica y demás".

En la estacada

La supuesta relación entre Top Fly y EAS Barcelona, que ahora investigará el fiscal, trasciende en tanto que dos sentencias de un juzgado de Barcelona y de la Audiencia Provincial han ordenado pagar un total de casi seis millones de euros a 81 estudiantes. La escuela, concluyen los dos autos, los dejó tirados y sin certificado en junio de 2011.

Los afectados lamentan que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) esté tramitando la licencia ATO (Centro de formación aprobado, por sus siglas en inglés) a un grupo promotor con presuntos vínculos con el centro quebrado.