Así obtuvo España datos de Banco Madrid desde Andorra

La embajada de España en Andorra recibió pocos días después de la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA) una visita que resultó clave para la resolución de Banco Madrid (BM). Así lo explica la prensa del Principado en nuevas informaciones sobre el caso BPA que han transcendido en los últimos días y que incrementan las dudas sobre los procesos que llevaron a la caída de ambas entidades.

El 24 de marzo de 2015, dos semanas después de que el Gobierno de Antoni Martí tomara el control del banco andorrano, dos responsables informáticos del grupo financiero se personaron en la embajada de España. Allí, presuntamente, hicieron entrega de un disco duro de gran capacidad que contenía datos de clientes de BM.

Reunión de nueve horas

No se limitaron a dejar la información. Mantuvieron una reunión de nueve horas, tal y como consta en los registros de entrada y salida de la embajada, con dos agentes de la Policía Nacional y el agregado de Interior de la institución española, Celestino Barroso. La prensa del Principado alerta de que este dilatado encuentro se realizó sin la presencia de ninguna autoridad de su país. Ni representantes de la judicatura ni de los cuerpos de seguridad andorranos.

Los indicios de que se ofreció información sobre BM están claros. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) emitió en las mismas fechas una rogatoria a Andorra para que le facilitara todos los detalles de los clientes de la entidad. Quería saber si  la entidad privada había lavado dinero en su operativa.

Respuesta del Gobierno

Los agentes españoles se desplazaron hasta el Principado en esas jornadas. Su actuación fue poco usual, ya que en rara ocasión la unidad se persona a otro país para recabar información de una investigación en curso. Los detalles del supuesto encuentro incrementan ahora las dudas sobre la operación en general.

El Gobierno de Andorra ya ha tenido que responder en sede parlamentaria en una ocasión sobre este caso. El Ejecutivo de Martí aseguró que la policía española había actuado por petición del a fiscalía anticorrupción y que todos sus pasos fueron avalados por el Ministerio Público del Principado. Mantuvieron que la cooperación fue total.

Dudas legales

Las dudas que surgen tres años después afectan al tipo de información se llevaron exactamente del país. Concretamente, a la falta de fiscalización del proceso. Cabe tener en cuenta que la autorización legal del proceso se realizó días después de ese 24 de marzo. Fue firmada por la magistrada que lleva el caso BPA en la Batllia del país, Canòlic Mingorance.

Según fuentes legales, la copia de datos informáticos en suelo andorrano deberían haberse producido o en BPA o en una sede oficial. No se validaría que los dos responsables de la entidad intervenida dejaran en la embajada el disco con los datos de los clientes. Esta cuestión se deberá resolver en el marco de los múltiples procesos judiciales que están abiertos en varios países que investigan la intervención del banco.

En el momento de los hechos, el embajador español en Andorra era Manuel Montobbio. El diplomático y escritor representa España ante el Consejo de Europa (Estrasburgo) desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Su plaza en el Principado está ocupada ahora por el exalcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC).