Menú Buscar
La Casa Llotja de Mar, la sede histórica de la Cámara de Comercio de Barcelona / CG

El independentismo mete un gol al Gobierno con las cámaras de comercio catalanas

Los dos proyectos de ley sobre régimen electoral que se han sometido a información pública contemplan el voto electrónico en los comicios, la reivindicación del sector soberanista

6 min

La Generalitat avanza en el desarrollo del decreto sobre el régimen electoral de las cámaras de comercio de Cataluña a pesar de la aplicación del artículo 155. A lo largo de este diciembre se han publicado dos proyectos de decreto ley que suponen el arranque del proceso administrativo. Implica también que el independentismo meta un gol al Gobierno en la normativa que marca cómo se deben celebrar las elecciones en las 13 organizaciones de dinamización empresarial catalanas.

En los documentos que se han sometido al periodo de alegaciones públicas se contempla la “votación por medios electrónicos de forma remota”, tal y como consta en el proyecto al que ha tenido acceso Crónica Global. La gran reivindicación del sector soberanista.

Participación con firma electrónica

Por esta vía inaudita hasta la fecha se abre la puerta a participar en los comicios mediante la firma electrónica. Una identidad digital que no es de propiedad exclusiva de las empresas, sean del tamaño que sean, y que propiciaría que las compañías del ámbito de la gestión puedan movilizar a un gran número de electores. Una cuestión que los críticos ya han puesto sobre la mesa y que el borrador del proyecto de régimen electoral no responde.

Igual que el problema de la seguridad del sistema de votación. Ya se han escuchado las primeras críticas por la indefinición de la elección de la empresa que deberá diseñar la infraestructura para permitir la votación antes del 30 de septiembre de 2018, el último día previsto en la norma estatal que marca el calendario electoral en las cámaras de comercio del país.

Garantías previstas en el decreto

El documento se limita a indicar que el procedimiento de voto con el “uso de medios electrónicos” debe garantizar que no existen coerciones sobre el elector y que no se pueda relacionar con la persona que lo ha emitido. Aunque al mismo tiempo debe garantizar la “identificación plena y fehaciente” y prever que su “voluntad” no es “alterada ni cualitativa ni cuantitativamente” tras participar en los comicios.

Además, pone el acento en la “unicidad del voto”; la seguridad técnica del proceso; la “autenticación robusta” basada en “certificados digitales y claves de un solo uso”; la “transparencia y objetividad” en el escrutinio; y con capacidad de ser auditable.

Fracaso de la ley catalana

Los sectores independentistas de las cámaras catalanas reclamaron esta vía como sustitución del voto por correo, tal y como reconocen las fuentes consultadas, tras fracasar en su objetivo de dar forma a una nueva ley de las cámaras de comercio en las dos últimas legislaturas.

Felip Puig primero y Jordi Baiget después, consellers de Empresa, intentaron publicar dos leyes sectoriales muy parecidas en las que planteaban una cámara catalana para ejercer de contrapoder de la española, otra de las denominadas estructuras de Estado. Hecho que fue contestado por los territorios, incluso los que ideológicamente estaban más cercanos al Govern. Consideraba que se desvirtuaba su principal cometido, la dinamización del empresariado local.

Villòria, el impulsor del proyecto de reglamento

Tras la destitución del Gobierno de la Generalitat, son los altos funcionarios del Departamento de Empresa y Conocimiento los que retomaron el pasado 9 de noviembre la tramitación de proyecto de decreto. El principal responsable de la nueva norma es el secretario de la consejería, Pau Villòria, indican fuentes de su entorno.

No es la primera ocasión en que este cargo de confianza saca adelante un proceso de gran envergadura como es el decreto que marca las normas electorales de las cámaras catalanas sin un consejero que lo ratifique. Villòria fue el firmante del contrato de la gran privatización de Artur Mas, la de Aigües Ter Llobregat (ATLL), el 27 de diciembre de 2012. La concesión está a la espera de que el Tribunal Supremo publique la última sentencia al respecto sobre su anulación. Hasta el momento, ha sido tumbada en todos los estamentos judiciales.

Aterrizó en la consejería de Empresa de la mano de Santi Vila, a quien ha acompañado en las dos últimas legislaturas. Ha desempeñado el cargo de secretario en Territorio y Sostenibilidad, Cultura y, desde el pasado 11 de julio, en Empresa y Conocimiento.