ATLL será de nuevo pública el 1 de enero de 2019

Acciona ya sabe cuándo perderá el contrato de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor concesión de su división de agua. La gestión del suministro de agua en alta a más de cinco millones de personas de Barcelona y su área de influencia pasará a manos de una nueva empresa pública como muy tarde el 1 de enero de 2019. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, en la primera rueda de prensa del Consell Executiu de este jueves.

Es una de las primeras medidas que se activan en la nueva legislatura en Cataluña y una de las pocas que se queda al margen del proceso independentista. Artadi ha reconocido que se trataba de una cuestión “prioritaria” cuatro meses después de que el Tribunal Supremo anulara la concesión de 2012.

Pago de 308 millones

Se confirmó de esa forma la primera resolución contraria a la adjudicación que se firmó entre las dos legislaturas de Artur Mas por urgencia de las finanzas públicas de la Generalitat. La anulación que se hizo pocos días después de que Acciona tomara el control de ATLL. Seis años después, resolver el contrato implicará el desembolso de cómo mínimo 308 millones de euros a la compañía de la familia Entrecanales.

Esta cantidad es corresponde a la devolución del canon inicial, las inversiones realizadas y los daños y perjuicios. Así lo explicó el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la junta de accionistas de la compañía de finales de mayo.

Impacto en las finanzas catalanas

Buscar esta cantidad será una de las primeras responsabilidades del nuevo vicepresidente de Economía catalán, Pere Aragonés. Sus predecesores en el cargo, tanto Oriol Junqueras como Andreu Mas-Colell, habían alegado hasta la fecha que el impacto a las cuentas públicas catalanas propiciaba prolongar la resolución del contrato de ATLL hasta que culminara el periplo judicial, la batalla del agua.

De forma paralela, la consejería de Territorio y Sostenibilidad y la Agencia Catalana del Agua (ACA) deberán diseñar la estructura de la nueva “entidad de derecho público” que asumirá la gestión, en palabras de Artadi. Los retos son importantes en este sentido, tanto laborales como económicos.

Plantilla y deuda

Se deberá buscar una fórmula que propicie la subrogación de los empleados de la actual ATLL a la nueva compañía pública. Cabe tener en cuenta que la privatización de la compañía se hizo con garantías laborales. Acciona ha mantenido en los últimos años la plantilla y los representantes de los trabajadores ya han manifestado que pedirán que se consoliden. Tanto por el número de trabajadores como por el convenio empresarial vigente.

Por otro lado, se deberá decidir sobre el futuro de la deuda de ATLL que en su día se pasó de la empresa pública a la consejería de Territorio. Un total de 795 millones de euros. Se ha reducido, pero se requiere una decisión política sobre quién consolida el pasivo.

Todo ello, en un momento en el que el nuevo Gobierno catalán también tiene pendiente de resolver la presidencia del ACA. Debe resolver si confirma a Jordi Agustí en el cargo o nombra a un sucesor.