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Una de las plataformas del proyecto Castor / EFE

El almacén de gas Castor suspende pagos en Madrid

El Tribunal Constitucional resolvió que la empresa debe devolver los 1.350 millones cobrados del Estado como indemnización

02.10.2019 09:44 h.
3 min

El Juzgado Mercantil número 12 de Madrid ha declarado el concurso voluntario de Escal UGS, la empresa propietaria del almacén marino de gas conocido como Castor, situado frente a las costas de Castellón y Tarragona. Según un auto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, se ha nombrado administrador concursal al despacho Lexaudit Concursal, que designa para llevar el expediente a José Maymi Colominas.

Escal UGS pertenece a la constructora ACS y la petrolera canadiense Dundeee Energy, que se reparten el 67,7% y el 32,3% del capital. El depósito marino de gas fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, siendo Miguel Sebastián ministro de Industria.

Terremotos

Las primeras inyecciones de gas se realizaron en 2012. Cuando no habían transcurrido ni dos años, la instalación marina fue paralizada porque desencadenó una cadena de terremotos que provocaron gran alarma social.

El Gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación e indemnizó con 1.350 millones de euros a Escal UGS.

Los 'paganinis' de siempre

La compensación fue abonada por Enagás, pero a continuación la cargó a la factura mensual que pagan todos los abonados. Estaba previsto que los desembolsos se prolongaran durante un periodo de 30 años. Sumando los intereses de esas tres décadas, la factura para los clientes de gas natural supera los 4.700 millones.

A continuación Enagás titulizó el activo mediante una emisión de bonos que fue suscrita por Banco Santander, Caixabank y Bankia. Estas tres entidades son, por tanto, las que venían cobrando cada mes el sobrecoste que se carga a los abonados.

Rechazo del Constitucional

Este sistema de cobros se mantuvo hasta 2017, cuando el Tribunal Constitucional declaró nula la forma como se había articulado el pago, que fue mediante un decreto.

Con la resolución del TC en la mano, la Comisión de la Competencia exigió la devolución de las sumas cobradas entre 2014 y 2017. Escal UGS debe reintegrar 209 millones, las entidades financieras 200 y Enagás 30 millones. Durante su corta vida, Escal UGS no ha generado un euro de ingresos. Las pérdidas acumuladas ascienden a 132 millones.