Oscar Pierre, a su salida de la Ciutat de la Justicia
El juez procesa al CEO de Glovo por vulneración de derechos de los trabajadores
Oscar Pierre se arriesga a una posible pena de entre seis meses y seis años de cárcel en caso de acabar siendo juzgado y condenado
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Un juez de Barcelona ha dejado a un paso de juicio al fundador y CEO de Glovo, Oscar Pierre, al ver indicios de un posible delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a falsos autónomos pese a las resoluciones judiciales que instaban a contratarlos.
El magistrado del juzgado de Instrucción 31 considera en su auto que las decisiones de Pierre "menoscaban y suprimen los derechos" de sus mensajeros, y esta razón, acuerda concluir la investigación y seguir la tramitación del proceso. Pierre se arriesga con ello a una pena de entre seis meses y seis años de cárcel en caso de que fuera procesado y condenado.
El juez muestra como indicios 18 sentencias en las que se concluye que los riders de Glovo eran trabajadores por cuenta ajena y se reconocía que eran falsos autónomos, incluida una sentencia del Tribunal Supremo.
El magistrado da ahora diez días a las partes para preparar sus escritos de acusación o sobreseimiento contra Pierre.
En su auto, el juez argumenta que Glovo utiliza a trabajadores "a los que exige su alta en el régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social, una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada" y ahorrarse sus cotizaciones laborales.
Misma relación laboral
Según el juez, en septiembre de 2020, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que afirmaba la "naturaleza laboral" entre Glovo y sus trabajadores, una conclusión a la que han llegado otros juzgados en fallos que han devenido firmes pese a los recursos de la empresa de reparto.
A pesar de ello, Glovo "continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores", quienes están obligados a darse de alta como autónomos y abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa.
Para el magistrado, ello constituye "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social".
Inspecciones de Trabajo
A raíz de las sentencias citadas, la Seguridad Social ordenó a las Inspecciones de Trabajo provinciales que enviaran requerimientos a la empresa Glovo para "comprobar si la relación laboral por cuenta ajena había sido reconocida por esta y aplicado los derechos laborales a los trabajadores".
"Sin embargo, Glovo no acreditó en sus respuestas ninguno de los anteriores extremos, limitándose a contestar que la relación inicial que unía a las partes no se mantenía en el momento de procederse al requerimiento", sostiene el juez.
Sin embargo, añade el auto, es una "realidad incuestionable" que los empleados de Glovo han continuado realizando sus labores de reparto en las mismas condiciones en las que lo venían llevando a término con anterioridad, sin que se les haya reconocido su condición de trabajadores por cuenta ajena.
En ese sentido, el juez recalca que los repartidores carecen de una organización de trabajo propia, al prestar sus servicios dentro de la implementada por la empresa Glovo, que "dirige y organiza sus trabajos diarios a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo por medio de la gestión algorítmica del servicio".
Pierre fue citado a declarar como investigado en el juzgado en diciembre de 2024 y, el día antes de su comparecencia, anunció que cambiaba el modelo de contratación y que emplearía a los repartidores, con el fin de garantizar la "paz social" en la empresa, pese a mantener que el anterior sistema también era legal.