La Generalitat Valenciana ha tenido que demoler el escudo que blindaba a la actual adjudicataria del transporte sanitario.
Tras el varapalo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), la Conselleria de Sanidad ha reactivado el macroconcurso de ambulancias, aplicando un recorte a sus barreras de entrada.
Estas condiciones operaban como un cerrojo, ya que al exigir a los licitadores acreditar más de 600 millones de euros de experiencia —un requisito de solvencia técnica inasumible para la inmensa mayoría del sector—, el pliego suponía en la práctica que solo la alianza empresarial que ya prestaba el servicio pudiera presentarse al concurso.
Fachada del Palacio de la Generalitat Valenciana
El nuevo anuncio de licitación, publicado el 27 de agosto, exige a las empresas una solvencia técnica de 120.612.465,44 euros, una quinta parte de los más de 600 millones estipulados en el procedimiento original.
Un servicio vital de 860 millones
El contrato que vuelve a la casilla de salida es, por su impacto directo en la atención diaria de miles de pacientes y el volumen de la flota requerida, uno de los pilares del sistema de salud público valenciano.
Con un valor estimado de 861.517.610,3 euros y un presupuesto base de licitación de casi 580 millones, el servicio abarca la totalidad del transporte sanitario terrestre de la Comunitat Valenciana, tanto urgente como no urgente, además del arrendamiento de ambulancias de clase C sin conductor para las unidades de Soporte Vital Avanzado.
El contrato tiene una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga de 12 meses adicionales.
Cerrado al mercado
La impugnación que provocó la revisión de los pliegos fue presentada por Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU.
La empresa recurrió el 8 de mayo y cuestionó varios aspectos del concurso, entre ellos la configuración del contrato, la ausencia de división en lotes y los requisitos de solvencia técnica.
Según informó elDiario.es, Orthem alegó que exigir más de 600 millones de euros de experiencia era "manifiestamente excesivo" y carecía de justificación.
Personal y vehículos de Orthem en la DANA de Valelncia
La empresa sostenía que el umbral multiplicaba aproximadamente por seis el importe que resultaría de aplicar los parámetros de la Ley de Contratos del Sector Público y que excluía a operadores solventes pero de menor dimensión.
La Generalitat defendió ante el tribunal que las características del contrato justificaban exigir experiencia previa a gran escala para garantizar la seguridad, continuidad y calidad del servicio.
Hasta un pliego corregido
El TACRC, sin embargo, estimó parcialmente el recurso en este punto. Según la resolución, la cifra fijada por Sanidad no coincidía con el parámetro legal del 70% de la anualidad media del contrato, que el tribunal situaba aproximadamente en 98 millones de euros.
El tribunal anuló así los pliegos en los términos fijados en su resolución y ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior a su aprobación, de modo que, una vez corregido el requisito de solvencia, pudieran concurrir también empresas que hubieran quedado fuera por esta condición.
Según ha comunicado CSIF a este diario, además del recurso de Orthem fueron desestimados los presentados por UGT y el Ayuntamiento de Calpe, mientras que otros dos recursos fueron estimados parcialmente en lo relativo a la solvencia técnica.
A resolver en breve
Sanidad ha aplicado ahora la resolución del tribunal y ha fijado en 120.612.465,44 euros el importe mínimo de experiencia que deberá acreditar la empresa propuesta como adjudicataria.
La cifra no debe confundirse con la solvencia económica y financiera. En este apartado, el nuevo pliego exige que las empresas hayan alcanzado una cifra anual de negocio de al menos 160,4 millones de euros en el mejor de los tres últimos ejercicios.
El nuevo pliego fija el próximo 24 de septiembre como fecha límite para presentar ofertas.
Tal y como ha trasladado el sindicato CSIF a Crónica Global, la intención de este calendario ajustado es tener el servicio adjudicado para el 1 de enero de 2027, lo que, apunta, permitiría aplicar la actualización salarial de los técnicos a principios del próximo año.
La única oferta
El recálculo del concurso supone un revés directo para la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ayuda TSCV, la única alianza que había logrado presentar una oferta bajo las exigentes condiciones del pliego anulado.
Esta coalición está integrada por Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda y Ambulevante.
Un recurso de Ambulancias CSA
La composición de esta alianza también tiene recorrido. En el concurso anterior habían concurrido conjuntamente Ambulevante, Ambulancias Autónomas, Ambulancias Ayuda, Alquiler Car Luxe, Ambulancias CSA, Ambulancias Edetanas y Transvía SL. Cinco de esas siete compañías repitieron en la UTE Ayuda TSCV.
Al tumbarse la solvencia de 600 millones, pues, esta UTE podría perder su condición de candidata única y se enfrentaría a un escenario de competencia real.
Ambulancias CSA y el historial de conflictividad
Dentro de esta UTE destaca Ambulancias CSA, una de las principales compañías de transporte sanitario de la provincia de Castellón.
La compañía es propiedad de Bernardo Coslado, exadministrador de Ambulàncies Baix Ebre, cuyo nombre cobró notoriedad nacional al ser investigado en la pieza número 7 de la macrocausa del 'caso Innova' en Cataluña.
El empresario fue señalado por el presunto pago de comisiones irregulares a Josep Prat, entonces director del Institut Català de la Salut (ICS), mediante facturas falsas.
Tras liquidar sus sociedades catalanas, Coslado concentró su actividad en la Comunidad Valenciana a través de CSA.
Riesgo biológico y espionaje
Como ha documentado Crónica Global, el mandato de esta compañía en Castellón arrastra denuncias operativas y laborales.
La plantilla ha alertado recientemente de un flagrante incumplimiento de los protocolos de bioseguridad frente a riesgos biológicos: los técnicos aseguran verse obligados a lavar sus uniformes potencialmente contaminados en sus domicilios particulares o trasladarlos en sus vehículos, pese a que la empresa percibe fondos de la Administración autonómica específicamente destinados a la desinfección industrial.
A esta negligencia sanitaria se suma un clima de conflictividad sindical. Además de las recientes denuncias por maniobras para dificultar el voto en las elecciones al comité de empresa de mayo, la mercantil cuenta con graves antecedentes judiciales.
En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificó la nulidad del despido de un delegado sindical al que Ambulancias CSA sometió a vigilancia externa mediante la contratación de un detective privado, una vulneración de derechos fundamentales que el tribunal censuró con dureza.