La situación de Ambulancias Diavida S.L. suma un nuevo frente. Tras su reciente entrada en concurso de acreedores en Valencia y la salida del servicio en Cantabria, los problemas de la compañía se extienden a la Comunidad de Madrid.
Según un comunicado adelantado en exclusiva a Crónica Global, el sindicato UGT denuncia una situación de "extrema gravedad" y desprotección laboral que afecta a los trabajadores adscritos a los servicios de las mutuas Asepeyo y MC Mutual.
La crisis financiera de la empresa, que ya había generado inquietud en el sector del transporte sanitario, ha desembocado en advertencias de movilización por parte del sindicato si la dirección de la mercantil y la administración concursal no garantizan de forma inmediata el pago de los salarios adeudados.
"Ahogo económico"
El sindicato denuncia que los "profesionales de la salud están atrapados en el ahogo económico". Esto se debe al "retraso de forma reiterada y sistemática en el abono de sus nóminas" desde julio de 2025.
Ambulancias de Diavida en Cantabria, contrato que ha perdido
Además, con la entrada en concurso de acreedores de la compañía, el escepticismo reina respecto al pacto firmado el 26 de mayo, en el que "la dirección de la mercantil se comprometió formalmente al pago fraccionado, los días 1 de julio, 1 de agosto y 1 de septiembre de la Prima Única". Se trata de un "concepto salarial que debió haberse abonado, como fecha límite, el 1 de octubre de 2025".
A pesar de no percibir los emolumentos correspondientes a su labor, los trabajadores continúan desarrollando su trabajo, conscientes de la importancia que tiene para la ciudadanía.
Modelo operativo cuestionable
En otra línea, UGT considera que el modelo económico con el que Diavida accedió a determinados contratos públicos "presentaba indicios de inviabilidad desde su inicio". El sindicato relata que la compañía alcanzó el servicio de la mutua Asepeyo en Madrid mediante una "agresiva oferta económica situándose con creces como la propuesta económica más baja del concurso".
Asimismo, la organización denuncia que la sociedad evitó su exclusión por baja temeraria alegando que compartiría recursos en Madrid, a pesar de que "no se ha tenido conocimiento ni constancia alguna de que estuviese operando con anterioridad en la Comunidad de Madrid".
Una ambulancia de Ambulancias Diavida
El sindicato critica una adjudicación basada en este modelo inviable, que "pudo generar una situación de desventaja competitiva respecto al resto de licitadores", y cuyas consecuencias pagan hoy los trabajadores.
Sanciones varias
Inspección de Trabajo ha sancionado a la sociedad por vulnerar la salud laboral de la plantilla. UGT denuncia que la empresa obligaba ilícitamente al personal a "trasladar la ropa expuesta a riesgo biológico a sus domicilios particulares", violando el convenio colectivo y la normativa de prevención.
La autoridad laboral también ha multado a la dirección por "el bloqueo de información", tras ocultar las cotizaciones a la Seguridad Social y los datos de su quiebra. Según el sindicato, esta opacidad impide verificar "el cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales" de la mercantil.
Ante esta situación, UGT avisa que el dinero de las Mutuas "no puede financiar la precariedad" y exige el abono inmediato de lo adeudado. De lo contrario, advierte que "no descarta la convocatoria inminente de un calendario de paros o jornadas de huelga prolongadas".
Estado de zozobra
Fuentes del sector informan que el panorama del transporte sanitario pasa a una situación un tanto escéptica ante la quiebra de Diavida. Se trata de un servicio básico de vital importancia para la sociedad. Por este motivo, se considera que el proceso concursal genera "mala imagen" ante el resto de firmas homónimas de ambulancias.
Asimismo, en este contexto, las mencionadas voces del sector deslizan que se han encontrado con más dificultades operativas en su día a día. Los empresarios sufren más trabas para acceder a nuevos contratos públicos. También denuncian problemas para conseguir financiaciones de vehículos a raíz de la desconfianza de los bancos ante el caso de la compañía valenciana.