Montaje con un trabajado de KUO Seguridad de espaldas y en el fondo el edificio de la delegación del Gobierno en la calle Mallorca de Barcelona
La caída de KUO obliga a Delegación a improvisar la seguridad de los edificios oficiales en Cataluña
La empresa ha entrado en liquidación y ha dejado de prestar servicio en pleno mes de agosto, obligando a reorganizar de urgencia la vigilancia de varias sedes estatales mientras se busca una nueva adjudicataria
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La declaración en concurso voluntario y la entrada en fase de liquidación de la empresa Security Services KUO han obligado a la Delegación del Gobierno en Cataluña a reorganizar de urgencia la vigilancia de varios edificios públicos apenas unas horas después de que la empresa dejara de prestar servicio.
Según han explicado fuentes del sector de la seguridad privada a Crónica Global, algunos inmuebles serán custodiados provisionalmente por la Guardia Civil, otros permanecerán cerrados temporalmente y varios servicios administrativos tendrán que trasladarse mientras se adjudica un nuevo contrato.
Sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña en la calle Mallorca
Ahogada en deudas
Todo ello después de que KUO, una de las empresas que prestaba servicios de vigilancia para distintas administraciones públicas, reconociera que ya no podía continuar con su actividad.
La Justicia declaró a la compañía en concurso voluntario de acreedores y abrió la fase de liquidación, un procedimiento que, en la práctica, supone que la empresa inicia su cierre porque ya no puede hacer frente a sus deudas ni seguir prestando sus servicios.
Los vigilantes se quedan en casa
Como consecuencia de esa situación, la administración concursal —el equipo designado por el juez para hacerse cargo de la empresa durante este proceso— comunicó a la plantilla que KUO ya no podía garantizar los servicios de vigilancia a partir del 1 de agosto.
En otras palabras, los vigilantes deben quedarse en casa porque la empresa ya no tiene capacidad para cubrir los contratos que tenía adjudicados.
Imagen de archivo de Security Services KUO
Sin embargo, eso no significa que hayan sido despedidos. De momento, siguen siendo trabajadores de KUO y mantienen el derecho a percibir su salario mientras se resuelve el concurso de acreedores, un proceso que previsiblemente terminará con un despido colectivo para toda la plantilla.
La propia administración concursal explica que, si la empresa finalmente no pudiera hacer frente al pago de las nóminas, los trabajadores podrán reclamar esas cantidades al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), el organismo público que cubre parte de los salarios cuando una empresa quiebra.
La Guardia Civil se hará cargo
La caída de KUO ha obligado a la Delegación del Gobierno a improvisar soluciones para evitar que algunos edificios oficiales quedaran sin vigilancia.
Según las fuentes consultadas por este medio, el vigilante de seguridad que prestaba servicio las 24 horas del día en el edificio de la calle Marina será sustituido temporalmente por agentes de la Guardia Civil.
Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, en una imagen de archivo
La situación será distinta en la sede de la calle Múrcia. Este edificio permanecerá cerrado de forma provisional hasta que una nueva empresa asuma el contrato de vigilancia.
Mientras tanto, los trámites de Extranjería que se realizaban allí se trasladarán temporalmente a las dependencias de la calle Sant Antoni Maria Claret, donde la Policía Nacional ya presta este tipo de servicios.
Adjudicación 'in extremis'
Para evitar que la situación se prolongue, la Delegación del Gobierno inició una adjudicación exprés e invitó de manera urgente a cuatro empresas de seguridad privada a presentar una oferta para hacerse cargo de estos servicios.
Las mismas fuentes explican que la empresa adjudicataria podría conocerse a finales de esta misma semana.
No obstante, la firma definitiva del contrato podría demorarse hasta finales de agosto, por lo que las soluciones provisionales podrían mantenerse durante varias semanas.
Carlos Prieto, durante su intervención en el Día de la Seguridad Privada Delegación del Gobierno
Otros contratos en el limbo
La reorganización no afecta únicamente a Barcelona. La desaparición de KUO también deja en el aire otros contratos públicos de vigilancia repartidos por Cataluña, algunos de los cuales podrían tener que cubrirse mediante contratos de emergencia mientras se adjudican de nuevo.
Entre ellos figuran: la oficina del SEPE de Girona; tres sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social en Lleida y Balaguer; varias oficinas del Instituto Social de la Marina, situadas en Albareda, Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, Blanes, Roses y Palamós; el Instituto Nacional de Estadística de la calle Dulcet; y la sede del INE de Vía Laietana.
Según las fuentes consultadas, alguno de estos contratos podría resolverse en los próximos días mediante una adjudicación de emergencia para evitar que los edificios queden sin vigilancia.
Una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en una imagen de archivo
Consecuencias inmediatas
La liquidación de KUO no solo abre un complejo proceso judicial que previsiblemente terminará con el despido de toda su plantilla.
También ha obligado a distintas administraciones públicas a reorganizar en apenas unas horas la seguridad de edificios oficiales considerados sensibles, una operación especialmente delicada en pleno mes de agosto, cuando buena parte de la actividad administrativa funciona bajo mínimos.
Sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña en la calle Mallorca
En este sentido, desde ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, el sindicato mayoritario del sector de la seguridad privada, lamentan la situación y piden mayor previsión para futuras contingencias.
Respuesta a contrarreloj
Por su lado, fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya confirman que, tras "la situación sobrevenida" de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia, se han activado de manera inmediata los mecanismos administrativos necesarios para garantizar la continuidad del servicio en todas las dependencias afectadas.
No solo se ha iniciado el procedimiento para la contratación de una nueva empresa, sino que se está trabajando "para que el cambio de adjudicataria se produzca de la forma más ordenada posible, favoreciendo la continuidad de los trabajadores conforme a la normativa".
Mientras tanto, insisten en que se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las dependencias afectadas con un refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurando en todo momento el normal funcionamiento de las oficinas y la atención a la ciudadanía.
