Los diputados de los Comuns en el Parlament Jéssica Albiach, David Cid, Susana Segovia, Lluís Mijoler
El Parlament aprueba el Centre Català d'Empresa i Drets Humans tras seis años de tramitación
La izquierda de la Cámara y Junts celebran que Cataluña "es pionera" con la creación del organismo que no multará ni investigará de oficio, algo celebrado por el PP
Más información: El 'controller' político de las empresas catalanas no multará ni investigará de oficio
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El Parlament ha aprobado este miércoles la ley de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, seis años después de que arrancara su tramitación con el impulso de la izquierda de la Cámara y la entidad de justicia global Lafede.cat.
Dicho organismo, que nace esencialmente para la difusión de buenas prácticas de las compañías catalanas en el extranjero, ha visto la luz con el voto a favor del PSC, ERC, Comuns y CUP, y la abstención de Junts per Catalunya.
Desdibujado
Los grupos de la izquierda parlamentaria se han impuesto a una oposición liderada por el PP, que ha destacado la caída de la potestad sancionadora e investigadora después de, precisamente, haber recurrido el texto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
El organismo consultivo señaló la inconstitucionalidad de ambas funciones y sus impulsores acordaron su retirada mediante la presentación de enmiendas. "Lo que mal empieza, mal acaba", ha reaccionado la ponente popular, Míriam Casanova, quien ha tachado de "injustificada" la creación del centro y ha afeado a Junts que "haya participado como portavoz de la ley".
"No tendríais por qué haber hecho caso al Consell, pero lo habéis hecho y lo reconocemos", ha señalado por su parte el diputado neoconvergente Francesc de Dalmases, cuyo grupo se opuso, junto con el PP, a unas multas que podían alcanzar los 50.000 euros con independencia del volumen de la compañía, cuando el tejido empresarial catalán está conformado en más del 99% por pymes.
"No es una amenaza"
Sobre este punto, la relatora de la proposición de ley, Susanna Segovia, ha lamentado la oposición que esta ha generado fuera del bloque de la izquierda.
"Si la mayoría de las empresas lo hacen bien, no tienen por qué sentirse amenazadas: este centro no es una amenaza, sino que puede ayudarles a detectar vulneraciones", ha dicho la diputada de Comuns, quien ha defendido la "solidez" del organismo y que sea una mayoría cualificada de tres quintas partes de la Cámara la que elija los miembros de su órgano de gobierno.
Susana Segovia, diputada de Comuns y relatora de la proposición de ley de creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, en el pleno del Parlament
La tragedia del Rana Plaza y Tono Albareda
Como Segovia --que ha propuesto bautizar el centro como Tono Albareda tras la reciente muerte del expresidente de Lafede.cat--, tanto Alberto Bondesio como Ana Balsera y Laure Vega han dedicado la aprobación de la ley a su impulsor, quien puso la semilla hace una década.
Los ponentes del PSC y de la CUP han recordado la tragedia del Rana Plaza, el colapso de una fábrica téxtil en Bangladesh que provocó la muerte de 1.134 trabajadores y heridas en otros 2.500. 13 años después, el 75% de los ciudadanos de 10 países de la Unión Europea "consideran que las empresas deben ser responsables de las vulneraciones de derechos humanos en sus cadenas de suministro globales", ha destacado Bondesio.
En este sentido, el socialista ha descrito que "el centro permitirá acompañar y dar apoyo a las empresas, que estarán representadas equitativamente" en el organismo.
Alberto Bondesio, diputado del PSC, en el atril del Parlament
Difusión de buenas prácticas
La diputada de ERC Ana Balsera, asimismo, ha pedido disculpas por la tardanza en la aprobación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, pese a "haber avanzado muchísimo" durante la pasada legislatura. Y ante los "recelos" y el "nerviosismo de algunos actores", ha aclarado que la ley "ni vulnera el derecho mercantil ni culpabiliza a nadie, sino que su razón de ser es el respeto de unos principios y derechos en la actividad empresarial en un mundo global".
Vega, por su parte, ha negado que la CUP "demonice" a los empresarios, señalando que "quienes dibujan al empresario como tal son ellos mismos". La diputada anticapitalista, además, ha insistido en habilitar la función sancionadora en un futuro, lo que no parece viable, atendiendo a las grandes dificultades que ha afrontado la ley tal y como se había planteado.
Rafael Villafranca, diputado de Vox, ha afeado a la izquierda que pretendiera la imposición de multas a sabiendas de que es inconstitucional y que "vulnera competencias que son del Estado", pidiendo "menos intervencionismo" sobre las empresas.
"Día histórico"
En una rueda de prensa, representantes del grupo de empresa y derechos humanos de la federación de entidades Lafede han celebrado la aprobación de la iniciativa.
"Es un día histórico", ha señalado Júlia Martí, quien ha remarcado que el centro tendrá capacidad "para investigar casos, emitir informes y ofrecer seguimiento a demandas sobre posibles vulneraciones de derechos humanos".
Sandra Tous, también de Lafede, ha emplazado al Govern para que trabaje "lo más diligentemente posible" para dotar al centro de los recursos necesarios para que sea operativo este mismo año.
