El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y la exfiscal Esther Pérez, ahora al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
El ‘agujero negro’ de la seguridad jurídica: los frentes que cercan la gestión de Esther Pérez
La exfiscal lidera la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, un órgano del Ministerio de Justicia que quiere dar certeza a ciudadanos y empresas, pero acumula problemas que van en el sentido contrario
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La exfiscal de Valladolid Esther Pérez encabeza desde 2023 la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, un órgano clave del Ministerio de Justicia, que en teoría da cobertura a ciudadanos y empresas en sus quehaceres diarios. Tres años después, la ahora alto cargo lidia con un abanico de casos que dan pábulo a los que acusan al organismo de crear lo contrario: inseguridad jurídica.
En efecto, la alta funcionaria —exjefa de la Fiscalía de Valladolid— acumula una serie de reveses normativos en materias de su estricta competencia.
Un escenario que, según los especialistas, no solo amenaza la certidumbre jurídica, el bien superior a proteger, sino que impacta de lleno en el bolsillo de los ciudadanos.
Aranceles
Pérez Jerez asumió el cargo en diciembre de 2023, avalada por una trayectoria en la carrera fiscal, que arrancó en 1991. Llegó a Madrid tras ejercer como jefa de la oficina de acusación pública de la ciudad castellana.
Su dirección está integrada en el organigrama que encabeza Sofía Puente, secretaria general para la Innovación del servicio judicial. En última instancia, el ministro Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ejerce la presidencia de la cartera.
A pesar de sus tres décadas de experiencia, algunos asesores legales externos han criticado con dureza sus decisiones recientes. El nexo común de las polémicas radica en la validación de gravámenes controvertidos.
Unas cuantías que los usuarios consideran injustificadas y que terminan engrosando los ingresos del colectivo de registradores.
La DG Esther Pérez, en la revistra Registradores
Notas simples
El primer gran conflicto técnico se centra en el coste de las notas simples emitidas por el Registro de la Propiedad. Diversos colectivos profesionales denuncian que la Dirección General permitió cuadruplicar el precio de este trámite sin una base legal sólida.
El malestar ha provocado que el sector notarial haya formalizado más de 3.500 recursos de alzada.
![Pedro Sánchez en el Cercle d'Economía](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/550827.jpg?p=w:320\/h:240&h=YN2c67FW"])
La batalla saltó a la arena judicial a raíz de las denuncias de la sociedad civil y entidades como la ADAC (Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente).
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó una resolución pionera el pasado 22 de mayo. El fallo determinó —"no tiene ningún respaldo legal", adujo— que un registrador de Badajoz debía cobrar 3,01 euros por la información continuada, en lugar de los 12,03 euros exigidos por el funcionario.
El ministerio guarda silencio
La sentencia extremeña ha marcado un precedente que podría guiar las resoluciones de los tribunales en otras autonomías.
Ello, espoleado por un aluvión de quejas. Por el momento, la actitud mantenida por el departamento de Pérez Jerez ha sido el silencio administrativo o el aval a las tesis registrales. De este modo, se empuja a los afectados a acudir a la vía judicial.
Tras Extremadura, existe debate jurídico sobre el precio a aplicar. Algunos juristas sostienen que el ministerio debería aplicar el criterio fijado por el tribunal. Ello implicaría forzar a las oficinas registrales a ajustar sus honorarios a la baja. En el ínterin, la parálisis regulatoria mantiene el sobrecoste activo para el usuario de a pie.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una imagen de agencias
Registro turístico
El segundo frente, de dimensiones millonarias, afecta a la normativa sobre los alquileres de corta duración o temporales.
El Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente el Registro Único estatal diseñado para controlar estas viviendas vacacionales, explicó este medio. Y eso que el plan contaba con los preceptivos informes técnicos favorables emitidos por la dirección general de Pérez.
La patronal del sector, Fevitur, estima que la anulación del decreto estatal abre la puerta a una oleada de indemnizaciones. Las compensaciones a los propietarios damnificados podrían alcanzar los 160 millones de euros. Una factura económica que deberá asumir el Estado, pese a que el proceso ya generó caja para los registradores.
Sin contar el caos creado, puesto que ahora, los registradores se niegan a inscribir dichos alquileres.
20 millones
Antes, los datos oficiales confirman que los registradores percibieron 901,5 euros por cada inscripción de las juntas de comunidades. Bajo esta normativa, se adjudicaron 299.531 códigos de registro único, o lo que es lo mismo, un ingreso directo de 8,08 millones.
![Fotomontaje con la anulación de un registro](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/553415.jpg?p=w:320\/h:240&h=6xueyQHG"])
A esto se añaden otros 10,8 millones derivados del análisis previo de las solicitudes tramitadas.
Si se suma todo, la actividad vinculada a este registro fallido supuso un desembolso global cercano a los 20 millones de euros, que fueron costeados de forma íntegra por los operadores y arrendatarios. Tras el revés del Supremo, la dirección general ha evitado pronunciarse sobre la pifia de sus técnicos.
Medio ambiente
Hay un tercer foco de fricción jurídica provocado por el equipo de Pérez. O directamente atribuible a sus técnicos. Tiene su origen en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se aprobó en 2022.
Los expertos advierten de que se está realizando una interpretación ventajosa de la norma para girar tasas extras, ya que el proceso obliga a incluir notas marginales para certificar que los terrenos están libres de polución.
Inicialmente, el redactado de la ley perseguía un control exhaustivo sobre fincas rústicas o parcelas donde se desarrollaran actividades industriales. Sin embargo, el Colegio de Registradores ha extendido la aplicación de este gravamen de forma generalizada. Se generan, pues, ingresos extra.
Y los informes del ministerio validaron esta práctica comercial, validándola.
Anuncio de una vivienda en venta Europa Press
Golpe a las transmisiones
Esta suerte de celo recaudatorio ha llegado al extremo de cobrar la tasa por suelos contaminados en las compraventas estándar.
Los registradores ya están exigiendo el pago incluso en las compraventas de pisos residenciales entre particulares. Una aplicación que algunas opiniones jurídicas tildan de arbitraria, al no estar contemplada en el espíritu original de la ley.
El volumen de ingresos derivado de esta tasa ambiental oscila entre los 21,7 y los 57,7 millones de euros anuales. El capital es abonado por los compradores en el momento de inscribir sus escrituras públicas.
Los beneficiarios de este flujo son un colectivo reducido y harto conocido: apenas 964 registradores operan en toda España. Y ahora lidian con acusaciones de que la directora general de la que penden lesiona, a veces, la seguridad jurídica que ellos han jurado proteger.
