El presidente y CEO de Aena, Maurici Lucena, durante la junta de accionistas de 2026 / EP

El presidente y CEO de Aena, Maurici Lucena, durante la junta de accionistas de 2026 / EP

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La Generalitat redobla la presión sobre el presidente de Aena con la Autoridad Aeroportuaria propia

La futura entidad pública catalana, que bendecirán los Presupuestos, aparece como nuevo actor en el enconado debate sobre las tarifas aéreas y la planificación de los aeropuertos

Más información: El regulador y las aerolíneas se lanzan contra Lucena tras subir las tarifas un 11,5% desde 2024

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La tan manida cuestión acerca de la cogestión de los aeropuertos toma un nuevo rumbo. El proceso para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat del presente año incluye la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, una entidad llamada a entrar de lleno en aspectos como la regulación tarifaria o los planes de las infraestructuras.

Elementos éstos que están complicando de forma notable la labor de Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena, al frente del gestor de la red de aeropuertos públicos. Si todo se desarrolla como está previsto, a la vuelta del verano el ejecutivo se encontrará con una nueva voz autorizada para condicionar sus decisiones.

Los acuerdos entre el PSC, formación de la que Lucena fue portavoz parlamentario, y ERC para sacar adelante las cuentas públicas del Govern incluyen el diseño definitivo de la citada Autoridad Aeroportuaria. Las enmiendas a la célebre Ley de Acompañamiento a los Presupuestos establecen los puntos clave de la nueva entidad.

Entre ellos, se encuentra su capacidad para elevar propuestas que atañen a aspectos relevantes que van desde la regulación aeroportuaria en general hasta el marco tarifario anual, en lo referido a los aeropuertos que se encuentran en el territorio.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la 'consellera' de Economía y Finanzas, Alicia Romero, se dirigen a la reunion extraordinaria para aprobar el proyecto de presupuestos de la Generalitat el 22 de mayo de 2026

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la 'consellera' de Economía y Finanzas, Alicia Romero, se dirigen a la reunion extraordinaria para aprobar el proyecto de presupuestos de la Generalitat el 22 de mayo de 2026 EFE/ Quique Garcia

No se trata de introducir un modelo de cogestión como tal, dado que los informes y las propuestas que emitirá la Autoridad Aeroportuaria catalana en ningún caso serán de carácter vinculante. Pero serán. Y darán una capacidad al Govern de ser un nuevo actor en este ámbito con la que anteriormente no contaba.

El momento no puede ser más oportuno. O más inoportuno, en función del lado del tablero elegido de esta peculiar partida de ajedrez que se libra. No sólo llega con la polémica de la cogestión de nuevo encima de la mesa por las presiones de otros gobiernos autonómicos, especialmente los de País Vasco e Islas Canarias.

Tensión tarifaria

También lo hace en plena oleada de tensión por el revolcón que ha supuesto para Aena la última propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca del marco tarifario incluido en el tercer Documento de Ordenación de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que aprobó el gestor a comienzos de año.

La subida anualizada del 3,8% a partir de 2027 y hasta 2031 consignada por la compañía en el diseño del plan quinquenal causó un fuerte revuelo entre el sector, que viene de alzas acumuladas superiores al 11% en apenas tres años. El dictamen del organismo regulador fue por completo discordante, dado que estima que las cantidades a cobrar por Aena a las operadoras de sus aeropuertos no debería aumentar sino reducirse un 0,69% cada año del DORA III.

La postura del organismo que preside Cani Fernández, ya en el final de su mandato, ha elevado el tono del conflicto que mantiene Aena con el sector de las aerolíneas, bajo el paraguas de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), principal patronal de este segmento.

Una situación que viene de lejos y que, incluso, ya ha provocado algunas reacciones por parte de las compañías. La más destacada ha sido la de Ryanair, con el anuncio de la reducción de la actividad en su base del aeropuerto de Girona. Precisamente, ésta es una de las infraestructuras sobre las que la nueva Autoridad Aeroportuaria de Cataluña podrá pronunciarse.

El presidente de Aena, Maurici Lucena

El presidente de Aena, Maurici Lucena Joaquín P.Reina Europa Press

Durante este tiempo, Lucena se ha pronunciado en contra de la cogestión aeroportuaria, hasta el punto de tildarla de "imposible". Al muy complicado encaje legal que presenta, cabe añadir el carácter semipúblico de Aena. Pese a que el Estado mantiene una participación mayoritaria, blindada además por Ley, el 49% del capital está en manos privadas.

No han sido pocas las ocasiones desde la privatización del gestor aeroportuario, culminada hace algo más de once años con la salida a bolsa, que algunos de los inversores privados han clamado contra los intentos de injerencia política en la gestión de la empresa. Una circunstancia que también ha tensionado en ocasiones la relación con la cúpula directiva, más allá incluso del mandato del actual presidente.

Con todo, la aparición en escena de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña introduce otro factor de tensión en este ya de por sí complejo escenario. Constituye un precedente que podría servir como acicate a otras Administraciones autonómicas para articular mecanismos con los que, al menos, aproximarse a un modelo de cogestión, como llevan reclamando desde hace tiempo.

Los próximos meses serán críticos para comprobar en qué medida condicionarán estos elementos la labor de Lucena al frente del gestor de aeropuertos públicos. En septiembre, el Consejo de Ministros debería dar luz verde definitiva al DORA III. Se mantiene en el aire la incógnita de hasta qué punto tendrá en cuenta la propuesta de la CNMC acerca de la reducción de las tarifas.

Inversión histórica

Cabe recordar que el periodo regulatorio que está próximo a iniciarse es de especial relevancia para los planes de Aena. Con el foco en la ampliación y desarrollo urbanístico y de negocios de sus principales activos, el plan incluye inversiones próximas a los 13.000 millones de euros.

Uno de los principales elementos del programa es, precisamente, la tan deseada ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, varado durante largos años por las sucesivas negativas de los gobiernos de corte nacionalista a apoyar el proyecto.

La portavoz del Govern y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque / EFE

La portavoz del Govern y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque / EFE

En paralelo, está previsto que se termine de confeccionar la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, dependiente del Departamento de Territorio de la Generalitat, con sus órganos de gobierno y sus primeras medidas.

Con decisiones clave por tomar, los primeros informes y propuestas calibrarán el alcance de su influencia. El Govern no será ejecutivo en este caso. Pero tampoco un mero espectador, como hasta ahora. Un aparente terreno de nadie de inciertas consecuencias.