Imagen de una ambulancia de Egara

Imagen de una ambulancia de Egara Cedida

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La Agencia Tributaria investiga al testigo del 'caso ambulancias' y rastrea su red de sociedades

El ente público ha solicitado a varias empresas facturas, contratos y detalles de vehículos para auditar sus colaboraciones con Medicsalut Corporate, compañía administrada por Carlos Simón

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Carlos Simón, empresario del sector sanitario, se encuentra bajo la lupa de la Agencia Tributaria. Al menos cinco empresas han recibido un requerimiento formal en el que se les exige información detallada sobre sus relaciones comerciales con Medicsalut Corporate, una de las sociedades administradas por el directivo, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.

El Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Pontevedra publicó en enero una sentencia en la que se confirmó que Ambulancias do Atlántico, bajo la gestión de Simón, realizó una doble contabilidad y un sistema de doble facturación.

A raíz de esta resolución, se prohíbe al empresario “administrar bienes ajenos ni representar, dirigir o administrar a ninguna otra persona o empresa” durante dos años. Por su parte, la Agencia Tributaria ha decidido comenzar pesquisas por su cuenta.

Solicitud de información detallada

En el marco de estas pesquisas fiscales, Crónica Global ha tenido acceso a uno de estos requerimientos emitidos por la Inspección Regional de la sede en Barcelona. En el documento, la administración busca pruebas que acrediten esta relación laboral, exigiendo copias de los contratos suscritos y de las facturas emitidas o recibidas.

La petición de información de la Agencia Tributaria a una empresa respecto a sus colaboraciones con Medicsalut Corporate

La petición de información de la Agencia Tributaria a una empresa respecto a sus colaboraciones con Medicsalut Corporate Cedida

El rastreo de Hacienda es exhaustivo: requiere la justificación documental de los medios de pago (cheques, transferencias o tarjetas de crédito) y una descripción pormenorizada de los servicios realizados.

Además, la Agencia Tributaria exige identificar a las personas físicas que prestaron el servicio, el lugar exacto y, en caso de estar relacionado con un vehículo o ambulancia, aportar la matrícula, marca y modelo concretos.

Inspección reconocida

Este medio se ha puesto en contacto con Carlos Simón para conocer su versión. El afectado reconoce esta investigación de la Agencia Tributaria. Sin embargo, aclara que se trata de una revisión del Impuesto de Sociedades relacionada con empresas deficitarias, y niega categóricamente cualquier implicación en blanqueo de capitales.

Argumenta que intentar maniobrar para pagar menos impuestos es algo que "hace todo el mundo", pero insiste en que eso no constituye un delito de blanqueo de dinero. Asimismo, sostiene que “todo esto proviene del caso de Egara”.

La escisión de Ambulancias Egara

Para entender la trayectoria de Carlos Simón, pues, es necesario remontarse a la estructura de Ambulancias Egara, la histórica empresa familiar con sede en Terrassa (Barcelona) que fundó su padre. El ahora inhabilitado ejerció como director general de la compañía hasta que, entre 2014 y 2016, una serie de movimientos societarios lo apartaron de la cúpula directiva.

El abogado de Ambulancias Egara, durante el registro policial en la sede de la empresa

El abogado de Ambulancias Egara, durante el registro policial en la sede de la empresa Luis Miguel Añón

Su salida coincidió con la entrada en el accionariado de directivos vinculados al empresario y exalto cargo convergente David Madí, entre ellos Fermí Ferran y Álex García-Cascón.

Adjudicaciones polémicas

Tras esta reestructuración, en la que su hermano Óscar Simón se mantuvo como copropietario, la transportista catalana logró adjudicarse tres lotes en el polémico macroconcurso sanitario de Cataluña de 2015, una licitación autonómica que movió cerca de 1.000 millones de euros.

Desvinculado del negocio familiar en Cataluña, Simón puso rumbo a Galicia, donde adquirió Ambulancias do Atlántico, una compañía que llegó a convertirse en la mayor empleadora del sector en la provincia de Pontevedra, superando los 600 trabajadores en el año 2022.

Testimonio comprometedor

El nombre del empresario cobró especial relevancia judicial en 2022, cuando acudió a los Mossos d'Esquadra para denunciar presuntas irregularidades en la adjudicación del mencionado concurso catalán.

David Madí, en una intervención reciente en Catalunya Ràdio

David Madí, en una intervención reciente en Catalunya Ràdio Cedida / CCMA

En aquella declaración, Simón aseguró que un intermediario de David Madí contactó con su familia en 2011 para ofrecerles influencia política —mencionando el acceso a altos cargos como Germà Gordó y Artur Mas— a cambio de facilitar el acceso a futuros contratos públicos.

Cambio de versión

Esta confesión fue la semilla del conocido como caso ambulancias, una pieza derivada del caso 3% instruida por la Audiencia Nacional. Pero la investigación judicial dio un giro cuando el propio Simón decidió no ratificar su denuncia inicial en sede judicial.

La falta de ratificación de su testimonio y la incapacidad de acreditar el concierto previo llevaron al juez a archivar definitivamente la causa el pasado mes de marzo, dando carpetazo a la imputación de Madí y avalando que se había ofrecido una "explicación razonable" a todas las operaciones controvertidas.

El descalabro en Galicia

Mientras la causa en la Audiencia Nacional se desinflaba, los problemas societarios de Simón en Galicia estallaban. A pesar de declarar una facturación próxima a los 25 millones de euros en 2022, Ambulancias do Atlántico entró en una severa crisis de insolvencia que abocó a la empresa a solicitar el concurso-liquidación en noviembre de 2024.

El desenlace llegó en enero de este mismo año. El Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Pontevedra, atendiendo al informe del administrador concursal, declaró el concurso como culpable tras detectar "irregularidades contables relevantes".

La justicia concluyó que la empresa llevó una doble contabilidad bajo la gestión directa de Simón, lo que derivó en la pérdida de sus derechos como acreedor y en la inhabilitación de dos años para administrar bienes ajenos o representar a cualquier otra empresa, sirviendo de antesala a las actuales pesquisas de la Agencia Tributaria.