Un pulso institucional que acaba en reprimenda. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha emitido una dura resolución en la que acusa al Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal de "inactividad" y de incumplir de forma expresa un pronunciamiento firme.
Pese a que el tribunal anuló de pleno derecho todo el concurso de sus servicios auxiliares (personal de atención al público, taquillas, recepción y atención en la tienda) en septiembre de 2025 por un alud de irregularidades, la dirección del museo decidió mantener el servicio.
En lugar de paralizar el servicio, ordenó al adjudicatario —un autónomo identificado como D.F.D.— seguir operando de forma ininterrumpida pese a la nulidad declarada por el Tribunal, manteniendo así un contrato financiado con fondos públicos.
Una de las salas del Museo de Lleida
Un catálogo de irregularidades
El origen de este choque se remonta a septiembre del pasado año. Entonces, el Tribunal estimó el recurso presentado por Stride Services, S.L., una de las empresas que concurrió a la licitación, y fulminó el procedimiento al detectar que era nulo de pleno derecho por prescindir totalmente del procedimiento legalmente establecido.
El dictamen de entonces desveló prácticas contrarias a la contratación pública: la misma persona concentraba las funciones de órgano de contratación y presidencia de la mesa, una anomalía documentada con la firma de la propia directora del museo.
Pruebas sorpresa y errores
Además, el Tribunal constató la falta de emisión y publicación de actas, la realización de una prueba técnica no prevista en los pliegos (un examen sobre un programa informático llamado Euromús que otorgó los puntos decisivos al ganador) y la firma del contrato sin haber dictado previamente la preceptiva resolución formal de adjudicación.
A esto se suma que el informe final de adjudicación incluía errores de redacción documentados, como aprobar "la explotación del servicio de cafetería" en lugar de los servicios auxiliares que correspondían al expediente.
La inactividad de la Administración
Ante esta resolución, el Museo de Lleida mantuvo igualmente la continuidad del servicio.
El 11 de diciembre de 2025, el Consorcio acordó formalmente iniciar los trámites para un nuevo concurso, pero, al mismo tiempo, dispuso que el adjudicatario de la licitación anulada, D.F.D., continuara prestando el servicio "en los mismos términos y condiciones" del contrato firmado el 26 de junio de 2025.
El Museo de Lleida Diocesano y Comarcal
De hecho, D.F.D. lleva operando el servicio de manera ininterrumpida desde el 1 de julio de 2025.
Un nuevo toque de atención
Cansada de la inactividad de la Administración, Stride Services presentó un incidente de ejecución a finales de enero de 2026.
Ahora, en una nueva resolución fechada el 30 de abril de 2026, el Tribunal Català de Contractes ha vuelto a dar la razón a la empresa.
El ente fiscalizador subraya que la nulidad del proceso lleva aparejada "de manera inherente" la del contrato suscrito con D.F.D.
Por tanto, concluye que el órgano de contratación "no ha dado cumplimiento" a la sentencia en sus estrictos términos, persistiendo en su inactividad.
Ahora, el Museo de Lleida —en cuyo patronato están presentes la Generalitat, la Diputació de Lleida y el Ayuntamiento— ha sido requerido por el Tribunal para detallar las actuaciones adoptadas para ejecutar la resolución y resolver la situación de sus servicios auxiliares.
Un denunciante bajo sospecha
Stride Services se erige aquí como garante de la legalidad frente a la opacidad del museo, pero la propia compañía arrastra un historial sombrío en la contratación pública catalana.
Según detalló Crónica Global, el origen de las irregularidades de Stride radica en sus vínculos con Wakeful, una polémica firma de seguridad que acabó en concurso de acreedores con deudas millonarias tras múltiples vetos públicos.
A finales de septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona le impuso una prohibición de contratar con el sector público municipal durante tres años por vulnerar la Ley de Contratos.
Stride Services SL está siendo investigada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras una denuncia del sindicato ADN Sindical, que la acusa de ser la heredera de facto (sucesión irregular de empresas) de Wakeful.
La denuncia apunta a que Stride habría absorbido la plantilla de la empresa original para seguir operando bajo otra marca, presentando ofertas económicas que "no permiten cubrir los costes mínimos legales".
La sombra de Wakeful
Paralelamente, el grupo matriz original sigue operando. Tal y como documenta Metrópoli Abierta, Wakeful ha conseguido esquivar recientemente un veto en L'Hospitalet de Llobregat para postularse como única candidata a un contrato de 222.786 euros.
Pese a su historial de impagos, la empresa logró sortear la exclusión amparándose en un resquicio de la normativa estatal que le exime de acreditar estar al corriente de pagos con la Agència Tributària de Catalunya (ATC).