Equipo de waterpolo del Club Natació Granollers
Las deudas y los escándalos acorralan al histórico CN Granollers
El club barcelonés acumula una deuda a corto plazo de más de 1,3 millones de euros con un fondo de maniobra negativo, dos litigios por muertes y una concesión municipal que expira en 2027, con el futuro más incierto que nunca
La exresponsable de contabilidad ha sido condenada a un año y 9 meses de cárcel por un desfalco de más de 200.000 euros
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El histórico CN Granollers atraviesa la crisis más profunda de su larga existencia. La entidad vive una tormenta por un desfalco, una deuda a corto plazo que supera el millón y medio de euros, dos procedimientos judiciales por muertes y una concesión municipal a punto de vencer.
La semana pasada, en la Audiencia Provincial de Barcelona se juzgó a la exresponsable de contabilidad del club por sustraer 237.595,50 euros entre 2019 y 2022, en una operativa fraudulenta documentada que se alargó durante tres años. La acusada ocupaba un puesto de máxima confianza dentro de la estructura administrativa del club, y los directivos le habían autorizado en el uso de claves bancarias de la entidad.
Una auditoría consultada por este medio admite que la posibilidad de recuperar ese dinero "resta vinculada a la solvencia de la parte acusada". Es decir, el club ya ha asumido, en la práctica, que ese agujero difícilmente se tapará, pese a que la trabajadora ha sido condenada a un año y 9 meses de cárcel.
Deficiencias financieras
El desfalco es grave, pero no es el único problema financiero. A 31 de agosto de 2025, el pasivo corriente del club ascendía a casi 1,4 millones de euros entre compromisos bancarios, proveedores y remuneraciones pendientes.
El fondo de maniobra registraba un saldo negativo de 1,3 millones de euros, lo que explica las recurrentes "tensiones de tesorería" que la propia entidad reconoce.
Abismo
Este abismo se generó principalmente en dos momentos críticos: el Covid, que hundió los ingresos por socios, y la crisis energética, que generó una deuda de casi 600.000 euros con Estebanell. A ello hay que sumar la desviación de 200.000 euros en fondos propios de la extesorera.
El club ha sobrevivido gracias a las subvenciones del Ayuntamiento de Granollers, que en los últimos ejercicios han superado el millón de euros. Sin ese apoyo sostenido, los números apuntarían a una quiebra técnica.
Piscina interior del CN Granollers
La concesión municipal que permite al CNG gestionar las instalaciones deportivas vence el 20 de diciembre de 2027. Los documentos internos revelan incluso una cláusula que podría acortar ese plazo a solo nueve meses después de concluir unas obras pendientes en las piscinas 1 y 2. Ante ese horizonte, el club ha abierto una "mesa de diálogo urgente" para intentar prorrogar el contrato.
Pero si la concesión sale a concurso público —como exige la normativa—, el CNG tendría que presentarse arrastrando pérdidas acumuladas superiores al millón y una deuda a corto plazo inasumible.
Fuentes cercanas al Ayuntamiento señalan que, por ahora, el acuerdo está "muy lejos de prorrogarse". De perder sus instalaciones, el CNG tal y como se le conoce estaría en riesgo de desaparición.
Dos juicios por muertes
Este cuadro se completa con dos procedimientos judiciales por tragedias que han salpicado a la entidad.
El primero es una reclamación de 921.013 euros ante un juzgado de lo Social de Barcelona por el accidente laboral mortal de un trabajador de una empresa subcontratada.
Piscina exterior del CN Granollers
El segundo es un procedimiento penal por el homicidio imprudente de una menor fallecida en la piscina exterior del club. Los abogados del CNG sostienen que la entidad comparece como "testigo y no como investigado", lo que les permite no provisionar el riesgo económico en sus cuentas. Esa distinción jurídica no borra ni la responsabilidad potencial ni el peso de dos muertes sobre la imagen de una entidad que gestiona instalaciones públicas.
Ante todo ello, el histórico club ha optado por el silencio ante sus socios, la prensa y la opinión pública. Especialmente llamativo resulta ese mutismo para una entidad declarada de utilidad pública, estatus que conlleva obligaciones explícitas de transparencia.
