Imagen de dos personas mayores en una residencia de Barcelona
La sentencia que obliga a Cataluña a revisar la facturación de las residencias: "Esto es mucho dinero para que todos se encojan de hombros"
El Tribunal Supremo convierte el copago de los grandes dependientes en una tasa y desmonta el sistema de cobros que las comunidades han aplicado durante años
En Cataluña, donde la Generalitat obliga a facturar el IVA de forma singular y mantiene tarifas por debajo del coste real, el impacto amenaza con desbordar un modelo ya tensionado
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Una pionera sentencia del Tribunal Supremo —la 800/2025, dictada el 23 de junio—, ha sacudido los cimientos del sistema de dependencia al declarar que la aportación económica de los grandes dependientes no puede considerarse un precio público, sino una tasa.
El Supremo señala que se trata de servicios esenciales, no voluntarios ni sustituibles, por lo que cualquier aportación del usuario debe estar fijada por una ley estatal y no por decretos autonómicos, como ha ocurrido durante años.
Hasta ahora, la mayoría de comunidades —incluida Cataluña— han regulado estos copagos por decreto, asumiendo que eran precios públicos. Con la sentencia, esa arquitectura queda invalidada y exige una reorganización inmediata.
Residencia para la Tercera Edad
La repercusión no se ha hecho esperar. Entidades de mayores en distintos territorios han pedido paralizar los cobros hasta que exista un marco legal y advierten de que miles de familias podrían reclamar devoluciones. Incluso los dependientes de Grado I y II podrían beneficiarse si los servicios esenciales que reciben se ajustan al criterio del Supremo.
En el centro de la tormenta
El fallo llega a Cataluña en un momento crítico. Aquí conviven tres tipos de plazas —privadas, colaboradoras y concertadas— y un sistema fiscal que, según el sector, acumula anomalías desde hace años. La principal: la aplicación desigual del IVA.
Los centros colaboradores facturan con tarifas que se consideran IVA incluido, mientras que los centros concertados deben añadir un 4% adicional. La Generalitat recibe facturas que incluyen tanto su parte como la del usuario, ambas con IVA, pero solo paga la suya. La del residente queda atrapada dentro de una factura ya emitida a la administración, lo que impide emitir otra al usuario sin duplicarla.
Para esquivar esa contradicción, los centros generan recibos bancarios no válidos como factura, una práctica que ha obstaculizado inspecciones de Hacienda, según relata Andrés Rueda, el director de ASCAD (Associació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència).
Imagen de archivo de una residencia del grupo DomusVi
A este embrollo administrativo se suma una cuestión que el sector considera decisiva: la Generalitat exige a las residencias que le emitan una única factura por el total del servicio —incluida la parte del usuario—, soportando así voluntariamente el IVA correspondiente a miles de personas.
En palabras de Rueda, esta operativa no tiene sentido ni jurídico ni económico. Lo lógico, dice, sería que cada parte recibiera su factura: la administración, la suya; el usuario, la suya. En cambio, la Generalitat absorbe el IVA de 12.000 a 14.000 residentes concertados cada mes, una cifra muy elevada que el sector no entiende por qué se sigue asumiendo.
"Lo único que podemos pensar —razona Rueda— es que a la Contabilidad General le interesa que figure el importe total de la factura, no el real que debería pagar. Si no lo corrigen, será por algún interés que no conocemos". Sea cual sea el motivo, añade, nadie ha dado explicaciones y el sistema continúa intacto pese a los reiterados avisos.
El sector, desconcertado ante el vacío legal
Con la sentencia en la mano, el problema se multiplica. Si el copago es una tasa, no puede llevar IVA. Todo lo facturado hasta ahora —en Cataluña y en toda España— queda bajo sospecha. Y a ese riesgo se añade otro aún mayor: la posibilidad de reclamaciones masivas por parte de los usuarios.
Rueda alerta de que, desde junio, el sector está siendo "insumiso" al dictamen del Supremo sin que la administración haya revisado la facturación ni haya dado instrucciones. "¿A quién reclamarán los usuarios el IVA cobrado de más? ¿A la residencia? ¿A la Generalitat? Nadie lo ha aclarado", advierte. El temor es que la falta de respuesta oficial acabe trasladando a los centros un problema que la administración lleva años aplazando.
Rueda denuncia un modelo lleno de contradicciones: "La Generalitat nos exige que facturemos también la parte del usuario, pero luego no la paga. Y no puedo emitir factura al residente porque queda duplicada. Vivimos en una incoherencia permanente".
Tarifas congeladas y un modelo que ya venía herido
El problema fiscal se cruza con otro de fondo. La Generalitat paga muchas plazas por debajo del coste real. "Hace más de 20 años que las tarifas no se actualizan en condiciones. El usuario ya está pagando el 47% del coste, cuando debería estar en torno al 33%", señala Rueda.
![Imagen de archivo de una residencia del grupo DomusVi](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/02\/08\/vida\/922667759_14087847_320x180.png"])
El director de ASCAD sostiene que la mezcla de tarifas insuficientes, instrucciones confusas y un marco legal ahora cuestionado genera un escenario "insostenible".
Una vía de agua sin instrucciones para taponar
A pesar de la relevancia del fallo, la Generalitat sigue sin proporcionar criterios claros sobre cómo adaptar la facturación y cómo deberán gestionarse las eventuales reclamaciones.
Mientras tanto, las residencias temen que el efecto dominó acabe comprometiendo la sostenibilidad de todo el sistema. Rueda resume la preocupación: "Esto es mucho dinero y mucha responsabilidad para que todo el mundo se encoja de hombros".
