Ciriaco Hidalgo (Ctesc): "Con este Govern hay más diálogo social, pero Cataluña necesita presupuestos”

Ciriaco Hidalgo lleva seis meses al frente del Consell de Treball, Econòmic i Social (CTESC). Hasta llegar a este punto, se ha forjado como figura de consenso con una carrera como directivo de Seat, la UGT y la Generalitat, donde fue uno de los hombres fuertes durante el mandato de José Montilla como director de la Oficina Económica de la Presidencia. Antes, había sido secretario general de la Conselleria de Treball.

Ahora, el líder del diálogo social catalán repasa sus primeros meses en el cargo, reclama más presupuesto para su institución--"congelado desde los recortes"-- y aborda sin tapujos los debates más polarizados de la sociedad catalana: la inmigración, la vivienda o la reducción de la jornada laboral.

La mayor parte de los catalanes aún no sabe qué es el CTESC. ¿Por qué?

Nosotros, al igual que entidades como la Sindicatura o Antifrau, no tenemos una necesidad de que el conjunto de la ciudadanía nos conozca. Nuestra finalidad es que las fuerzas políticas, económicas y sociales nos tengan como referencia, cosa que ya ocurre. No formamos parte de la vorágine informativa, sino que generamos consenso y diálogo para trasladarlo a los poderes públicos y a la ciudadanía. 

¿Cómo valora sus primeros seis meses al frente del CTESC?

La primera valoración es que he encontrado una institución que funciona como un reloj. Y con unos profesionales muy cualificados, que trabajan con solvencia y a disposición de los agentes económicos y sociales. 

¿Tienen alguna reclamación?

Nos gustaría que la Generalitat nos dotara de más presupuesto, pues está congelado desde la época de los recortes. También nos gustaría tener más autonomía de gestión y poder capilarizarnos por todo el territorio catalán y salir de la "barcelonitis" que a veces se nos contagia de una manera u otra.

¿Qué permite esta autonomía de gestión? 

Actualmente, nuestro presupuesto depende del Departament de Treball, con el que tenemos que consensuar cualquier cambio de partida y todo elemento que afecte al día a día. Si somos independientes, seremos más eficientes, y podremos actuar como el resto de organismos estatutarios. 

Ha pasado poco más de un año desde la formación del nuevo Govern de la Generalitat. ¿Cómo valora la salud del diálogo social en Cataluña en esta nueva etapa?

Desde el punto de vista institucional, no somos nadie para valorar al gobierno, pues formamos parte de la estructura institucional. Dicho esto, es evidente que hay una fluidez de diálogo social que no ha habido en períodos anteriores, cuando la coyuntura era más inestable. Ahora hay una interlocución muy fluida con el Govern. El diálogo está vivo y está dando frutos. Aunque es cierto que la falta de presupuestos dificulta algunos proyectos, como el Pacto por la Industria. Cataluña necesita presupuestos.

No hay presupuestos ni en el Gobierno, ni en el Govern, ni en el Ayuntamiento de Barcelona… ¿Es preocupante?

Una Administración es como una empresa: no tener presupuestos no es saludable; y, cuando no los tienes, tiras de vicios contables, porque todas las demandas que salen del diálogo social deben tener un acompañamiento económico. Los partidos deberían mirar por el interés general para remediar problemas de cohesión social y políticas públicas, como en la vivienda o el déficit de infraestructuras.

Ciriaco Hidalgo Crónica Global

El CTESC estuvo presidido durante muchos años por exconsellers y personalidades de la política. En el anterior mandato, el puesto lo ocupó el sindicalista Toni Mora. Usted ha estado en UGT, ha sido directivo de Seat y alto cargo de la Generalitat. ¿Se siente una figura de consenso? 

Yo estaba prácticamente prejubilado, haciendo de consultor de algunas empresas. Cuando me lo propusieron desde el Govern solo puse una condición: que no fuera una imposición, sino que fuera fruto del consenso. Por mi trayectoria, en la que he estado en la gestión política, empresarial y sindical, tengo una visión poliédrica de la vida y de la economía. No hay que tener una visión sectaria, sino entender y comprender a todo el mundo.

En uno de sus últimos informes alertaron de la situación de los autónomos. Recientemente, el Gobierno ha planteado una nueva subida de las cuotas.

Nuestro informe pone de manifiesto una incomprensión muy generalizada por parte de los poderes públicos del papel de los autónomos. Esta incomprensión afecta a su fiscalidad, a sus prestaciones y a derechos, y así lo avalan sindicatos, empresarios, tercer sector y expertos universitarios. 

¿Celebran la rectificación del Gobierno al respecto?

La presión fiscal de los autónomos debe ser proporcional a sus ingresos, así que celebramos cualquier rectificación que abra un diálogo real para consensuar la implementación del sistema de cuotas. 

Uno de los principales puntos de fricción entre patronales, sindicatos y ministerio de Trabajo el último año ha sido la reducción de jornada, con posiciones muy alejadas entre partes.

El CTESC no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el CES estatal sí lo hizo en su día, estableciendo un principio clave: cualquier elemento troncal de las relaciones laborales debe priorizar el diálogo social. Las normas no consensuadas son pan para hoy y hambre para mañana, y las que sí se han negociado perduran. El ejemplo más claro es la reciente reforma laboral: costó meses y exigió concesiones de todas las partes, pero hoy está dando resultados positivos en la estabilidad del empleo. Aplicado a la jornada laboral, la flexibilidad ya es una realidad en muchos casos, sobre todo en la gran empresa. Es cierto que no se puede replicar miméticamente en la pequeña y mediana empresa, pero existen fórmulas para adaptarlo. Por ello, insisto en que debemos confiar en la madurez de las organizaciones sindicales y empresariales de nuestro país, para agotar al máximo el diálogo y construir acuerdos duraderos.

¿Qué puede aportar el CTESC a los grandes debates de país?

No creo que sea nuestra función dar lecciones morales, pues somos un actor y una institución más. Pero sí que, por ejemplo, somos capaces de escucharnos y mirar todo lo bueno que nos aporta la inmigración impediremos que crezcan estas fracturas en nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros ofrecemos diálogo, diálogo y diálogo, para que todo el mundo pueda ver con datos objetivos todo lo bueno que nos aportan los extranjeros.

¿Le preocupa la polarización respecto a este tema? Es una tensión no exclusiva de Cataluña, sino una idea que recorre a toda Europa. 

Nos preocupa y nos ocupa. Dentro de poco haremos públicos estudios sobre las buenas prácticas que se están llevando a cabo en el seno de las empresas en materia de integración de inmigrantes. En la empresa se vive y convive con ellos, ¿por qué no hacerlo extensible al resto de la sociedad? Estos procesos no pueden mirarse con mala fe, indiferencia o creer que aquel que acaba de llegar cuestionará tu identidad. Aunque eso no quiera decir que el extranjero tenga que entender y comprender la realidad cultural, social y lingüística del país al que llega. Por ejemplo, no podemos aceptar el desrespeto por las mujeres. Nuestra sociedad no puede aceptarlo.

Sigo con el tema migratorio y el trabajo. En Cataluña, el 97% de los nuevos puestos de trabajo los ocupan migrantes, que suelen aceptar peores condiciones que los autóctonos. 

Ha habido un crecimiento exponencial de la tercerización de nuestra sociedad y todos los servicios necesitaban mano de obra nueva. No la tenemos por problemas de natalidad, así que se ha tenido que recurrir a la inmigración. ¿Deben mejorar sus condiciones? Claro que sí, en el marco de una regulación colectiva. Pero es evidente que buena parte de los trabajadores autóctonos no quieren hacer las faenas que hacen ellos. Y alguien debe hacerlas.

¿Si los sueldos fueran mejores querrían hacerlas?

Es una buena pregunta. Yo, cuando era joven, trabajé de cualquier cosa, porque sabía que tenía que ganarme la vida. El inmigrante está en esa misma situación, y aspira a un ascenso social a través del trabajo. Ahora se jubilará el baby boom, dejará vacantes en sectores más industriales y de mayor valor añadido. Es muy probable que las personas que necesitamos para cubrir esos puestos ya estén aquí. Hay que tener en cuenta esa movilidad ascendente.

Es cierto que hay una cierta concentración en la hostelería…

Es complicado, porque si en el turismo y la hostelería queremos atraer visitantes con mayor poder adquisitivo, debemos ofrecer un servicio que esté a la altura. No se puede aspirar a un cliente de alto nivel ofreciendo un servicio de bajo nivel. Todo esto conforma una realidad económica compleja, pero no podemos criminalizar a los inmigrantes por concentrarse en un sector concreto, tratando al resto de sectores como si fuesen impolutos. Todos son necesarios. ¿Qué sería de nuestros mayores sin las personas que los cuidan? Hablo desde una experiencia familiar cercana, y siento una admiración profunda por los cuidadores. Estas personas merecen unas condiciones laborales excelentes y una alta profesionalidad, pero también poseen una capacidad de entrega y empatía hacia las personas dependientes que no se paga con todo el oro del mundo. Minusvalorar el trabajo que realizan los inmigrantes, especialmente en servicios, es una profunda equivocación.

Otro de los grandes debates es el de la vivienda. ¿Qué ha fallado para llegar al punto tan extremo actual?

Lo que ha fallado es la falta de una política de vivienda coherente y sostenida en el tiempo. Salimos de una burbuja inmobiliaria impresionante y desde entonces no ha habido ningún tipo de planificación por parte de nadie. Hemos ignorado el problema mientras la demanda crecía, impulsada por las nuevas generaciones y los procesos migratorios. La ausencia de políticas estables por parte de todas las administraciones nos ha llevado a la perversa situación actual. Esto no solo afecta al derecho fundamental a la vivienda de las personas, sino que también nos perjudica gravemente como economía. Por ejemplo, ahora necesitamos incorporar trabajadores migrantes en muchos sectores, pero no tenemos dónde alojarlos.

¿Es solo un problema de planificación o subyace algo más?

En España tenemos una cultura de la propiedad que choca con la de otros países, donde prima más el alquiler. También está el factor geográfico, pues todos queremos vivir alrededor de las grandes ciudades. Aunque eso seguirá ocurriendo mientras no se descentralicen infraestructuras de todo tipo. Hemos dejado de lado todos estos elementos y ahora tenemos un verdadero problema que exige grandes consensos.

¿Falta colaboración?

No solo entre administraciones, sino entre sector público y privado. Pero para que la colaboración funcione, se necesita celeridad en los procedimientos administrativos. Si no generamos suelo disponible, o si cuestionamos permanentemente las alturas de construcción, difícilmente se avanzará.

El debate político ha estado muy centrado en el procés durante la última década. ¿Esta etapa ha expulsado del foco problemas más urgentes?

En Madrid o en Valencia no ha habido procés, y el problema de la vivienda es tan grave como el que tenemos aquí. Por lo tanto, aunque el procés haya centrado el foco en una realidad aspiracional de país, la causa del problema de la vivienda no es esa. Y ayuntamientos que no estaban tan implicados en el procés, tanto en Cataluña como fuera de ella, podrían haber tomado medidas y tampoco lo hicieron.