Las fundaciones catalanas presumen de gestión en plena crisis por los saqueos de Cellex y Vila-Casas

Las fundaciones catalanas destacan su gestión mientras su sector sigue creciendo: más de 2.600 entidades (más de 2.000 activas) facturan 6.198 millones de euros al año, según datos recientes de la Coordinadora Catalana de Fundacions. A pesar de ser un motor económico significativo, conviene recordar que la confianza en ellas se ha visto debilitada en los últimos meses, tras casos como Cellex y Vila Casas.

La Coordinadora, que agrupa a más de 800 fundaciones en el territorio autonómico, presenta este miércoles su tercer informe sobre la situación de estas entidades. El estudio analiza su impacto económico y social, incluyendo datos sobre el empleo que generan, las personas beneficiarias, entre otros indicadores.

Entre lo más destacado, las fundaciones aportaron un valor añadido bruto de 4.200 millones entre 2016 y 2022 y generaron 100.000 puestos de trabajo directos, lo que equivale al 2,8 % del empleo total en Cataluña.

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Pero esta publicación se enmarca en un momento de creciente desconfianza hacia las organizaciones del tercer sector.

Más desconfianza

Aunque los datos disponibles son de ONG, reflejan tendencias que afectan también a las fundaciones: el 68% de la población considera desconocida su labor, y solo un 32% confía más en ellas que hace una década.

Además, cuatro de cada diez profesionales del tercer sector reconoce la dificultad para involucrar a los jóvenes, quienes junto con los hombres muestran la percepción más crítica, según un estudio del Instituto de Innovación Social de Esade de 2024.

30.000 euros

Las fundaciones son organizaciones privadas sin ánimo de lucro que buscan fines de interés general para un grupo amplio de beneficiarios. Para constituirse, deben contar con un patrimonio inicial suficiente, que la ley estima en al menos 30.000 euros, a diferencia de las ONG que no requieren de patrimonio.

Las primeras se gestionan a través de los patronatos y dependen de su patrimonio para cumplir su misión, mientras que las ONG suelen tener miembros activos que participan en las decisiones. Una vez registradas, las fundaciones quedan supervisadas por la administración pública que, en Cataluña, la labor corresponde a la Generalitat.

'Caso Cellex'

En los últimos meses, la imagen del sector fundacional se ha visto empañada por controversias, entre las que destaca el caso Cellex, uno de los más mediáticos.

El caso, destapado por este medio en el pasado abril, investiga presuntas irregularidades en la gestión del patrimonio del fallecido empresario catalán Pere Mir y su esposa Núria Pàmies, que incluía los fondos de sus fundaciones Cellex y Mir Puig, destinadas a promover proyectos sociales y científicos.

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Según la investigación, tres albaceas de la fortuna Mir --Josep Tabernero, Jordi Segarra y Juan Francisco Capellas-- podrían haber desviado ingentes recursos de la fundación para sus propios beneficios, cometiendo --presuntamente-- los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

La jueza instructora estima que el perjuicio económico asciende a 6,2 millones de euros.

Fundació Vila Casas

Otro caso envuelve a la Fundació Vila Casas, referente del mecenazgo artístico en Cataluña. Esta entidad, fundada por Antoni Vila Casas, atraviesa en los últimos meses una crisis marcada por conflictos internos y movimientos polémicos.

En junio pasado, la presidenta Montserrat Pascual Samaranch y su hija reemplazaron al tesorero con familiares y personas de su entorno, como avanzó también Crónica Global. 

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Estos cambios generaron despidos, bajas médicas y tensión laboral, mientras que las empresas vinculadas al patrimonio de Antoni Vila Casas están ahora bajo sospecha por posibles retribuciones opacas y alteraciones en la estrategia de la fundación. Todo esto ha alimentado la desconfianza y el malestar dentro de la institución. 

Casos más antiguos

Las fundaciones Igman y CATMón, vinculadas a la financiación del procés independentista, fueron investigadas en 2018 por presuntas irregularidades en subvenciones públicas. Formaron parte del caso Voloh (2018), que exploró la supuesta financiación irregular del independentismo, incluyendo presuntas injerencias rusas. El caso fue archivado a comienzos de año al no recurrir nadie.

Por su parte, el caso de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música es otro ejemplo más antiguo pero significativo de escándalos en fundaciones culturales. Entre los años 2009 y 2010, se destaparon desvíos de fondos, facturas infladas y apropiación indebida por parte de los responsables de la institución, incluyendo a Fèlix Millet y Jordi Montull, quienes fueron condenados tiempo después. Este caso acabó salpicando a CDC por financiación ilegal.

No se puede "deslegitimar"

Aunque este medio no ha logrado obtener respuesta de la Coordinadora Catalana de Fundacions antes de la publicación, su presidenta, Eugenia Bieto, ya había abordado el tema en una columna en el diario Ara a principios de agosto.

En ella expresaba su preocupación por el impacto que las coberturas  podrían tener en la reputación del sector fundacional y recordaba que, pese a respetar los procesos judiciales y el principio de inocencia, una posible mala praxis no puede "deslegitimar un modelo arraigado en Cataluña desde hace siglos".

Bieto defendió que las fundaciones representan "expresiones más genuinas" del compromiso de la sociedad civil y que abarcan ámbitos muy relevantes, como la salud, la cultural, la educación, entre otros.