Barcelona desmantela el fallido wifi público de Colau y Cellnex

El wifi público de Barcelona, en vilo. El Ayuntamiento ha comenzado a desmontar las antenas que instaló Cellnex (a través de Tradia) --durante el mandato de Ada Colau-- tras haberse adjudicado en 2014 un contrato para desplegar y gestionar una red pública de wifi en la Ciudad Condal, según fuentes conocedoras del caso, quienes agregan que la página web del servicio ha quedado inhabilitada.

Esta red --que debía ofrecer internet gratuito a ciudadanos y turistas-- nunca llegó a funcionar como se esperaba y ha derivado en conflictos legales. De hecho, el Juzgado de lo Contencioso n°14 de Barcelona tiene abierto un procedimiento contra el consistorio, iniciado por la empresa UTS Services, que reclama 85 millones por la gestión del servicio. 

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Limpieza

Desde el Ayuntamiento, sostienen que el acceso a la red wifi pública es un servicio "esencial" y recuerdan que la ciudad cuenta con 600 puntos de conexión y 150 dispositivos instalados en espacios exteriores públicos.

Sin embargo, reconocen que el servicio debe actualizarse, a medida que avanza la tecnología y cambian los hábitos de los usuarios.

En ese escenario, "el uso de la red pública ha caído o prácticamente desaparecido en determinados puntos. Por esta razón, el consistorio está en proceso de asear los puntos en el espacio público para mejorar su eficacia y eficiencia en función del uso y las necesidades", precisan a este medio.

Web "operativa"

El Ayuntamiento también ha señalado que los puntos "que no cuentan con ninguna conexión reciente o que tienen un uso residual serán suprimidos, mientras que en otros casos se colocarán de nuevo".

En la misma línea, ha afirmado que la página web pública opera con normalidad y no tienen intención de cerrarla, ya que sin ella sería imposible acceder a la información sobre los puntos disponibles.

UTS Services

Una pequeña empresa tecnológica, Universal Tecno Services (UTS), decidió demandar al Ayuntamiento de Barcelona debido a problemas en la gestión de la red pública de wifi llamada Barcelona Wifi.

Todo empezó en el año 2014, cuando el consistorio otorgó un contrato de diez años y cerca de diez millones de euros a la empresa Tradia para instalar las antenas del wifi público en la capital catalana. En paralelo, Tradia consiguió los derechos para comercializar el exceso de capacidad de internet a otras empresas.

Así, en 2017, UTS solicitó y obtuvo el derecho de comercializar ese excedente de internet, lo que le permitía revender esa capacidad a terceros. Sin embargo, este servicio "nunca funcionó" adecuadamente, causándoles graves pérdidas económicas, según apuntaron desde la pequeña compañía.

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Tras múltiples reclamaciones administrativas y una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que confirmó deficiencias en el servicio, UTS presentó una demanda patrimonial por 85,4 millones. 

Ingresos

La querella fue admitida en 2023 por la justicia barcelonesa, que investiga si el Instituto Municipal de Informática (IMI), dependiente del Ayuntamiento, tuvo alguna responsabilidad en la gestión de la red corporativa de antenas de acceso a internet.

Aunque se comercializó el excedente de esta red, no funcionó correctamente, lo que impidió a los operadores obtener la facturación esperada.

Aunque el consistorio dijo en aquel momento que era un conflicto entre empresas, el Síndic de Greuges criticó los retrasos y apoyó al operador afectado.