Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

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El Tribunal de Cuentas advierte de la "atípica" estructura de gestión del Barcelona Supercomputing

El 83% de la plantilla del BSC-CNS se dedica a la investigación, cuando sus estatutos señalan que su función principal es administrar las infraestructuras

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La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha advertido este martes de la "atípica" estructura de gestión del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, ha urgido a adoptar medidas que aseguren "su autonomía y buen gobierno" y para ello ha incidido en la importancia de revertir su actual dependencia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Chicano ha presentado hoy ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (Congreso-Senado) el informe de fiscalización del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación" (BSC-CNS) correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2022.

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha precisado que el 83% del personal del BSC-CNS se dedica a la investigación y a la prestación de servicios tecnológicos, a pesar de que la normativa que lo regula establece que su función principal debe ser la gestión de infraestructuras, y aunque ha señalado que su estructura de gestión es "atípica" ha apuntado que la evolución del centro está resultando "exitosa".

La participación de la Universitat Politécnica de Catalunya se sustancia "en especie" sobre todo espacios y profesorado, ha observado la presidenta del Tribunal, y ha asegurado que eso genera una pérdida de independencia y de autonomía institucional, ya que de hecho el consorcio aparece configurado como una entidad vinculada a la universidad, lo que resulta "incompatible" con su naturaleza de entidad pública estatal.

Un control "muy limitado"

Chicano ha asegurado que el control efectivo del Consejo Rector del Consorcio --del que forman parte, además de la Universitat, la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña-- "es limitado" y se circunscribe al director del centro y al personal del equipo directivo.

La presidenta del Tribunal ha asegurado que la gestión de los ingresos, del gasto de personal, las contrataciones o las transacciones "han sido las adecuadas", pero ha apuntado algunas "deficiencias" que deberían ser atendidas y mejoradas.

Entre las deficiencias que se han detectado ha citado la inexistencia de un inventario de bienes, errores en la gestión contable, una falta de respuesta a las aportaciones "en especie" que hace la universidad y algunas deficiencias en las cuentas de tesorería y procedimientos de gestión.

"Una facturación numerosa"

Los estudios financieros correspondientes en concreto a los ejercicios de 2018 y 2021 arrojan en general "una opinión favorable", pero la presidenta ha señalado también algunas salvedades, como no disponer de una relación de puestos de trabajo o que la adscripción del personal de trabajo universitario no se adecua a la normativa del sector público, o que la prestación gratuita de servicios que tiene que aportar la Universidad haya derivado "en una facturación numerosa".

Chicano ha apuntado que el consorcio carece de herramientas formales de planificación de su actividad, aunque ha valorado que presenta un crecimiento sostenido de facturación, ingresos y costes asociados, lo que evidencia --ha dicho-- una elevada capacidad para captar financiación externa.

Entre las recomendaciones que incluye el informe de fiscalización, destaca la necesidad de modificar los estatutos para acomodar los fines del consorcio a la realidad de sus actividades y la importancia de clarificar cuáles son las aportaciones que hace la Universitat Politécnica de Cataluña, así como asegurar autonomía, y para ellos revertir la actual dependencia de la universidad.