La inseguridad jurídica provoca la salida de inversores inmobiliarios de Barcelona

Hablar de la historia del mercado inmobiliario en Cataluña durante las últimas dos décadas es hacerlo de la trayectoria profesional de Eduard Mendiluce. Muy pocos como el hombre fuerte del mayor banco de inversión en Barcelona (Mendiluce es CEO de dos de los principales vehículos de inversión inmobiliaria de Blackstone en España, Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria) conocen tan de primera mano el proceso completo de la generación de la burbuja, su traumático estallido y el complejo proceso de saneamiento posterior.

Hoy, este recorrido profesional coincide con un nuevo ciclo de incertidumbre en el que no solo Blackstone, sino otros inversores, están revisando su exposición en Cataluña ante un entorno normativo cada vez más incierto.

Decisión simbólica

El último episodio de esta historia, actualmente en fase de desarrollo, apunta en esa dirección. Como informó esta semana Crónica Global, Blackstone explora fórmulas para salir del mercado barcelonés. Una decisión cargada de simbolismo, ya que la Ciudad Condal ha sido también epicentro de las estrategias de inversión de numerosos fondos durante la última década.

Hoy, sin embargo, ese atractivo se erosiona ante lo que muchas voces del sector califican de inseguridad jurídica.

El mayor casero institucional

La llegada de Mendiluce al mando de las operaciones inmobiliarias coincidió con la gran crisis financiera. Fue entonces cuando Narcís Serra, expresidente de CatalunyaCaixa, le confió la gestión de la altamente tóxica cartera inmobiliaria de la entidad. Su conocimiento profundo del mercado catalán, forjado en La Caixa y Colonial, resultó clave en la posterior operación de venta de esos activos a Blackstone, valorados en más de 3.500 millones de euros.

Narcís Serra acompañado por su abogado Pau Molins y por el exdirector general, Adolf Todó, a su llegada a la Audiencia de Barcelona / EFE

El éxito de aquella operación sentó las bases para una década de expansión. Blackstone no solo absorbió activos, sino que a través de Testa, Aliseda y Anticipa ha gestionado miles de viviendas y préstamos hipotecarios. Durante años fue el mayor casero institucional de Barcelona, pero también se convirtió en blanco de protestas, como las lideradas por la PAH, y de un marco regulatorio cada vez más restrictivo.

Sobrerregulación

Este contexto, marcado por leyes autonómicas y estatales que limitan la rentabilidad del alquiler, dificultan los desahucios y exigen alquileres sociales en determinadas condiciones, ha incrementado la presión sobre operadores como Blackstone.

Imagen de una protesta contra los desahucios, organizada por la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH)

Los inversores, por su parte, han criticado abiertamente lo que califican como una sobrerregulación del sector, y han advertido de que Barcelona —y, en general, Cataluña— ha dejado de ser una plaza atractiva para el capital internacional.

Tendencia amplia

Los obstáculos para combatir la okupación, la morosidad creciente y la falta de agilidad para canalizar fondos europeos de rehabilitación han mermado la confianza no solo de Blackstone, sino también de otros actores relevantes. Diversas socimis, inversores institucionales y fondos patrimonialistas han optado por trasladar su actividad hacia comunidades con mayor seguridad jurídica, como Madrid, Valencia o incluso capitales del extranjero como Lisboa.

En este contexto, la retirada progresiva de Blackstone simboliza una tendencia más amplia. No es un simple ajuste estratégico, sino el reflejo de una fuga de capital que afecta a todo el tejido inmobiliario y pone en entredicho la viabilidad de futuras inversiones de gran escala en la región. Lo que antes fue tierra de oportunidades hoy es, para muchos inversores, un entorno de riesgo excesivo y baja previsibilidad.