
Una vista interior de la Mutua de Terrassa, un hospital concertado en Cataluña
Un informe de la Sindicatura de Cuentas siembra el pánico en la sanidad concertada
Los hospitales catalanes encajan mal las críticas del fiscalizador: "Las tarifas apenas suben este año"
El Cercle de Salut pide ordenar la contratación
Más información: La Sindicatura ve irregularidades en el CatSalut con Argimon (Junts)
Un duro informe de la Sindicatura de Cuentas ha sembrado el pánico en la sanidad concertada catalana. El demoledor dictamen del fiscalizador ha sumido en el pesimismo a los proveedores asistenciales, que han alertado de que "llega en el peor momento", pues las tarifas que les paga la Generalitat "apenas suben".
Alertan de ello directivos del sector, que advierten de que ese análisis que afea la "ilegalidad" de los acuerdos de concertación que hizo el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) en 2022, cuando Junts gobernaba Cataluña, "no ayuda en nada".
Así, no ayudará a renegociar las tarifas con el CatSalut para el año en curso, que son de "mantenimiento más el 3,2%".
"Insuficiente"
Esa compensación extra de la Administración autonómica es percibida como "insuficiente" para los gerentes y directivos de proveedores, que prevén tener problemas en cuadrar sus cuentas para el ejercicio en curso.
Y ese equilibrio en los libros es importante, porque el Departamento catalán de Salud de la Generalitat se ha conjurado para evitar que el presupuesto anual de la consejería, el mayor de todos, desvíe cerca de 2.500 millones al año siguiente, que es lo que ocurre habitualmente.

Imagen del Hospital de Palamós
Zozobra al sistema de compra: "Nulo"
En este escenario de infrafinanciación, una de las quejas históricas del sector concertado, el informe de la Sindicatura, que se refiere sólo a los hospitales, ha caído como una bomba. Porque sugiere que el sistema de compensación de la Administración a los proveedores, que son de diferente titularidad --de fundaciones a privados, pasando por el mundo municipal--, puede ser "nulo de pleno derecho".
Lo argumenta la síndica Maria Àngels Cabasés, quien en su exposición critica el sistema de contraprestación, ya que los acuerdos no se suscribieron como deberían.
Más preocupante para el sector, si cabe, es su consideración de que la asistencia sanitaria "podría contratarse a un precio más bajo".
Relación tensa
Cabe recordar que la relación entre la red de proveedores concertada y la Administración regional no ha sido siempre fluida. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el anterior Govern del president Pere Aragonès (ERC), que encajó críticas de la patronal de referencia, la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) por los recortes al presupuesto, según explicó este medio.
Asimismo, el departamento anterior soslayó a los proveedores al tratar de llevar un control más estricto de las cuentas. Es lo que ahora aflora la Sindicatura --que depende del Parlament, no del Govern--, cuyas conclusiones son muy duras. Quizá demasiado para un sector acostumbrado a negociar de forma continua.
El Cercle de Salut protesta y pide regulación
Prueba del malestar que se vive en el negocio sanitario concertado es la nota emitida ayer por el Cercle de Salut. En el comunicado, el lobi sanitario tilda de "excesivas" las conclusiones de la Sindicatura. También carga contra el ente por centrarse en la "legalidad y no la necesidad de dar respuesta asistencial a las necesidades de la población atendida".
Lo que es más, en su desiderátum de lo que debería pasar, el Cercle recuerda que los pagos "deberían cubrir los costes directos e indirectos" en que incurren los proveedores. Con ello, dan la razón a los directivos que ven "insuficiente" la contraprestación para este año.

La 'consellera' de Salut, Olga Pané, en un acto del Cercle de Salut
Una ley pendiente
El organismo lamenta también que el sistema de pagos se creó hace 25 años, por lo que pide su modernización. Una vía para adaptarlo a los tiempos actuales sería aprobar el anteproyecto de ley de acción concertada en el ámbito de los servicios sanitarios del CatSalut. Un texto que, de momento, sólo ha visto la memoria preliminar, publicada en febrero.
Cuando lo presentó, el Govern avanzó que dicho texto servirá para "mejorar la gestión de los servicios sanitarios públicos". Por lo pronto, la norma ha concitado más apoyo que el texto anterior, la llamada ley Aragonés, que descarriló el pasado mandato.
En esta nueva intentona, el borrador ha recibido el apoyo de, entre otros, la asociación de Entidades de Base Asociativa (EBA), unos proveedores de salud imbricados en la economía social.