Imagen de archivo de Xavier Vilajoana, presidente de Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya
Xavier Vilajoana denuncia que las leyes inmobiliarias se hacen a base de "prueba y error"
El presidente de la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya ha criticado que el precio pagado por la Casa Orsola permitiría construir "más del doble" de pisos de protección oficial de los que hay en el edificio
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El presidente de la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, Xavier Vilajoana, ha instado a las Administraciones a que la legislación que afecta a los promotores inmobiliarios deje de elaborarse mediante el sistema de "prueba y error". Por eso ha pedido también que se escuche a los profesionales antes de aprobar nuevas normativas.
Durante su intervención en un evento del ciclo Rethink BCN, organizado por Foment del Treball, Vilajoana ha compartido escenario con el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera.
El líder de la Apce ha criticado que, en la última década, el sector haya tenido que adaptarse a 41 modificaciones legislativas, lo que a su juicio ha generado incertidumbre. Por ello, ha reclamado un consenso que permita establecer una planificación a medio y largo plazo.
Por su parte, Riera ha defendido la necesidad de consolidar un sistema de vivienda pública similar al de la sanidad, al que ha calificado como un modelo exitoso en colaboración con el sector privado. Además, ha enfatizado que el papel del Ayuntamiento debe centrarse en garantizar el acceso al suelo para la construcción de nuevas viviendas.
El 30% de vivienda pública, a debate
Vilajoana ha señalado que la normativa que obliga a destinar el 30% de cada nueva construcción a vivienda pública "no ha dado los resultados esperados", algo que el sector ya había advertido. En este sentido, ha solicitado explorar nuevas fórmulas que permitan cumplir con la regulación sin necesidad de flexibilizarla, pero sí abriendo opciones para su aplicación efectiva.
Por su parte, Riera ha descartado la posibilidad de eliminar este requisito y ha defendido que su aplicación debe mantenerse dentro de los mismos proyectos inmobiliarios. Asimismo, ha subrayado que la vivienda pública no debe desplazarse a las zonas periféricas ni concentrarse únicamente en barrios donde ya predomina este tipo de vivienda.
El caso de la Casa Orsola
En cuanto a la adquisición de Casa Orsola por parte del Ayuntamiento y la Fundació Hàbitat3, Riera ha explicado que se trata de un proyecto piloto con el que se busca establecer un modelo de compra social colaborativa. Según ha indicado, esta iniciativa pretende ser una herramienta más para garantizar el derecho a la vivienda y preservar el tejido urbano que desean los ciudadanos.
Vilajoana, sin embargo, ha cuestionado la rentabilidad de la operación, recordando que los 9,2 millones de euros invertidos en la compra del edificio habrían permitido construir más del doble de viviendas protegidas. Además, ha señalado que en 2021 el Ayuntamiento habría podido adquirir el inmueble por 6 millones, lo que a su juicio pone en duda la eficiencia de la gestión de recursos públicos.
