Exterior de la sede de Cellnex en Barcelona
Cellnex plantea 250 despidos en Tradia y Retevisión
El grupo de telecomunicaciones justifica la medida, entre otros aspectos, por la automatización de los procesos de operación de la red
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Cellnex ha informado a los agentes sociales sobre su intención de negociar un Expediente de Regulación de Empleo en sus filiales Tradia y Retevisión en España. Esta medida podría afectar a aproximadamente 250 empleados, lo que representa el 9% de la plantilla del grupo, y se justifica por razones organizativas, productivas y tecnológicas.
El ajuste no impactará al resto de empresas del grupo y está relacionado con el enfoque de la compañía en su negocio principal, así como con la revisión de la rentabilidad de ciertos contratos de menor valor añadido, en particular, el cese de la actividad de mantenimiento de redes para terceros.
Inicio de las negociaciones
Además, la automatización de los procesos operativos de la red requiere una adaptación de la estructura organizativa. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo comenzarán en los próximos días y el alcance definitivo del ERE dependerá de las conversaciones con los representantes de los trabajadores.
La empresa contempla que la adhesión al plan final acordado priorice la voluntariedad de los empleados. La noticia llega pocos días después de que la Autoridad de Competencia de Irlanda haya aprobado la venta del negocio de Cellnex en el país a Phoenix Tower International por 971 millones de euros.
Esta autorización es uno de los pasos regulatorios clave que debía superar la operación, que ahora entra en su fase final antes del cierre definitivo, previsto para las próximas semanas.
Riesgos en la prestación de los servicios
La transacción fue notificada en marzo del año pasado y, tras un primer análisis, la autoridad irlandesa decidió profundizar en el caso para evaluar su impacto en la competencia dentro del sector.
Durante la investigación, la Comisión de Competencia y Protección del Consumidor de Irlanda identificó posibles riesgos en la prestación de servicios de alojamiento en infraestructuras de red pasiva, como torres y mástiles, elementos esenciales para operadores móviles y empresas de telecomunicaciones.
La principal preocupación del regulador radicaba en el posible aumento de precios para los consumidores y una disminución en la calidad del servicio, lo que podría afectar a los usuarios finales de las redes móviles.
