Un grupo canario ‘low cost’ revienta el gran concurso de diálisis de Cataluña

Un grupo canario low cost es el causante de la gran gresca en el macroconcurso catalán de diálisis, el mayor que pilota el Govern de Salvador Illa (PSC) en la actualidad, con cerca de 500 millones en juego.

Avericum, segundo operador nacional, quiere entrar en el mercado catalán, y ello es causa de que el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) abriera los pliegos y la patronal ACES, entre otros, los recurrieran. 

Cedida

Batalla entre empresas por la diálisis catalana

Lo detallan fuentes conocedoras de las cuitas entre empresas por la gran externalización, que se ha abierto hace escasas semanas y ha quedado parada de forma fulminante por tres recursos del sector.

Las voces consultadas indican que la gresca tiene varias causas, pero una de ellas es segura: el interés de Avericum por entrar en el mercado catalán. 

"Es de bajo coste"

Esta firma canaria es el segundo player nacional tras Fresenius. Cuenta con presencia en las siete islas, archipiélago de origen, además de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia. 

Al frente de la firma figura el abogado Javier Artiles, que fue asesor del Servicio Canario de Salud (SCS), y a quien se investigó en el caso Lifeblood que investigó reparto ilegal de adjudicaciones de diálisis en Canarias. La causa se archivó en 2012. 

Con esa carpeta judicial cerrada, directivos del sector alertan de que Avericum "tiene todo el derecho a presentarse donde le plazca, pero ofrece un servicio a bajo coste". 

Rebajas en concursos

Ello lo sustancian con los precios de puja con los que ha ganado Avericum algunos servicios. En Gran Canaria, por ejemplo, bajó el precio de la sesión de diálisis un 30% en 2019. 

Imagen de un centro de diálisis de Avericum Cedida

En Castilla-La Mancha, el mismo año, la baja fue del 36%, denunció la Federación Nacional de Asociaciones para la lucha de enfermedades del riñón (Alcer). 

Oportunidad: el informe de Sindicatura

Ahora, la firma ha visto "una ventana de oportunidad en Cataluña, donde el concurso se ha publicado favoreciendo la competencia, como es normal, pero quizá demasiado". 

Ha sido así porque la Sindicatura de Cuentas ha aflorado anomalías en los tratamientos de insuficiencia renal en Cataluña.

Ante ese dictamen, el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) ha optado por una solución salomónica para protegerse y garantizar la competencia. "Abrir los pliegos a nuevos operadores, aún cuando no tengan autorización para operar", detallan las mismas voces. 

La patronal monta en cólera

La medida no ha sentado bien. La patronal ACES ve "contrario a ley" dar hasta nueve meses a los ganadores de la licitación para que logren su permisos, una de las medidas pensadas para aumentar la concurrencia entre empresas. 

Tres recursos detienen el concurso catalán de diálisis

El ente empresarial, como explicó Crónica Global, recuerda que las autorizaciones tardan una media de "18 a 22 meses" en concederse. Mientras, el operador seguiría siendo el antiguo, lo que provocaría el "caos" en la prestación del servicio. 

"Corregir los pliegos"

Por ello, desde el sector avanzan que se espera que el CatSalut "corrija las plicas para adecuarlas a la legalidad". 

De hecho, los mismos directivos recuerdan que "ha sido la propia Administración la que ha suspendido cautelarmente la presentación de ofertas al detectar tres recursos de golpe". Ello, creen, muestra que "algo se puede hacer mejor". 

Primer gran concurso de Illa

Esta pugna ocurre con la primera gran licitación del Ejecutivo regional de Illa. Está dotada con 414 millones de euros a cinco años, ampliables a un techo de 498 millones si la prestación lo requiere. 

Imagen de archivo de Olga Pané en el Parlament Europa Press

CatSalut quiere que los 12.000 catalanes con insuficiencia renal beneficiados tendrán servicios con "mayor sostenibilidad" y "seguimiento" por parte de la administración. 

Internalizar, no

El pulso ocurre después de que se descartara internalizar la actividad, tal y como sopesaba ERC en el anterior mandato. 

Ocurrió en el marco de las tomas públicas por parte del exconseller de Salud, Manel Balcells, que planteó prestar también de forma directa la rehabilitación domiciliaria. Finalmente, se ha descartado.