El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el foro de Davos / EP
Los máximos de 15 años en bolsa protegen a las empresas ante el momentáneo fin del ‘escudo anti opas’
Las actuales cotizaciones de las grandes compañías actúan como protección orgánica frente a potenciales ofertas de inversores internacionales, que ya no encuentran precios de saldo
Más información: Así era el último Ibex que superó los 12.000 puntos, hace casi 15 años
La caída del llamado 'escudo anti opas' ha sido una de las consecuencias de la fallida convalidación del decreto 'ómnibus' que el Gobierno llevó al Congreso. Una circunstancia que deja más expuestas a las compañías a intentos de compra desde el exterior, aunque el escenario es muy diferente a aquel en el que el Ejecutivo decidió reforzar las barreras de entrada para proteger a los principales actores de sectores estratégicos.
Aquella decisión formó parte del amplio paquete de medidas adoptadas por Moncloa a raíz del estallido de la pandemia del coronavirus. El desplome sufrido por los mercados bursátiles de todo el mundo, especialmente los europeos, dejó a las grandes corporaciones en una situación de franca debilidad.
El severo descenso de las capitalizaciones convertía a las principales compañías del país en pasto para grandes grupos del exterior y fondos de inversión. Estos últimos seguían gozando de una extraordinaria liquidez como consecuencia de la larga etapa de dinero barato, con los tipos de interés en mínimos históricos.
A lo largo de aquel fatídico mes de marzo de 2020, el Ibex 35 llegó a perder la referencia de los 6.000 puntos, en plena escalada del pánico entre los inversores. El índice selectivo llegó a acumular una caída de más del 42% en apenas cuatro semanas.
El Ibex prosigue su trayectoria alcista en 2025 / EP
Una situación que dista mucho de la actual. En las últimas sesiones, el Ibex ha vuelto a situarse en algunas sesiones por encima de los 12.000 puntos, en zona de máximos de los últimos 15 años. El cambio de ciclo en las políticas monetarias de las principales economías ha acabado con un inédito y largo periodo de tipos reales negativos, lo que ha contribuido a restablecer una cierta normalidad.
De ahí que, a falta de medidas proteccionistas por parte del Gobierno, las compañías cuenten con una defensa natural frente a movimientos hostiles desde el exterior, como es su propio precio.
Protección natural
Desde hace tiempo, los precios de saldo ya no se dan entre las grandes cotizadas del país. Buena parte de ellas han sido capaces de duplicar su capitalización respecto a la que llegaron a tener en la etapa más crítica de la pandemia.
En el inicio de 2025, más de la mitad de los componentes del índice selectivo presentan un valor de mercado superior a los 10.000 millones de euros. De ellos, la mayoría cuenta con una suerte de núcleo duro de accionistas, que actúa igualmente como barrera de entrada ante cualquier acercamiento hostil.
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El llamado 'escudo anti opas' facultaba al Consejo de Ministros para autorizar o bloquear cualquier inversión procedente del exterior que supusiera sobrepasar el 10% del capital de una empresa española. La medida era de aplicación en aquellas corporaciones con un volumen mínimo de facturación de 500 millones de euros y que, además, fuera actores relevantes en una serie de sectores considerados como estratégicos.
A lo largo de su vigencia, el caso más relevante ha sido el del fondo IFM Investors y la OPA parcial que lanzó sobre Naturgy a comienzos de 2021. Meses después, el Consejo de Ministros autorizó la operación con condiciones.
Oficinas del grupo Celsa / CELSA GROUP
El inversor australiano se hizo con cerca de un 11% del capital como resultado de la oferta, cifra que ha incrementado después hasta el 16% que tiene en la actualidad.
Entre las no cotizadas, destaca el caso de Celsa. La medida proteccionista del Gobierno se activó cuando los acreedores de la siderúrgica, en su mayoría entidades financieras y fondos internacionales, se hicieron con su control a través del mecanismo del plan de viabilidad contemplado en la nueva Ley Concursal.
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En esta ocasión, Moncloa también dio luz verde al cambio de control, igualmente con condiciones relativas al mantenimiento de los empleos y la actividad en los centros de trabajo.
Aunque no se han dado casos relevantes de veto, la francesa Vivendi sí tuvo que dar un paso atrás en su intención por sobrepasar el 10% del capital de Prisa y alcanzar un máximo del 29,9%. En virtud del ‘escudo anti opas’, el Ejecutivo no llegó a rechazar la solicitud del grupo galo; sin embargo, la demora en dar una respuesta hizo que Vivendi desistiera.
