En 2022 se aprobó el impuesto sobre las energéticas -también conocido como el impuestazo-, mediante el cual el Gobierno pretendía compensar el impacto provocado por la subida de precios derivada de la guerra de Ucrania. Esta semana, el Congreso deberá votar si el gravamen, hasta ahora temporal, se convierte en fijo. Y los votos de Junts per Catalunya, una vez más, podrían decantar la balanza hacia uno u otro lado.
Se da por descontado que Sumar, Podemos, Bildu y ERC apoyarán la medida, así que toda la presión recae en Junts per Catalunya. De nuevo. Tras haber tumbado la ley que iba a regular el alquiler temporal el mes pasado, los de Carles Puigdemont vuelven a tener la sartén por el mango en Madrid. El sector más liberal y pragmático de Junts, con más conexiones en el sector business, aprieta para votar en contra. Y, de paso, marcarse un tanto ante Salvador Illa, pues la aplicación del impuestazo tendría una consecuencia clara y directa en el territorio catalán: Tarragona perdería una inversión de 800 millones de euros por parte de Repsol en la Ecoplanta de El Morell y otros 300 millones en la construcción del mayor electrolizador de España.
Más de 1.000 millones de Repsol, en el aire
Poco puede hacer Salvador Illa. Pese a que el PSC tiene una entidad jurídica propia en Madrid, y en teoría es independiente de los designios de Pedro Sánchez, está prácticamente descartado que los socialistas catalanes voten en contra de una proposición del Gobierno central. Esta opción no está sobre la mesa.
Pero las consecuencias de la votación son evidentes. Repsol ha confirmado que paralizarán las inversiones en España si "se penaliza a las empresas que invierten, crean riqueza y lugares de trabajo" y si no les dejan "competir en igualdad de condiciones". La compañía explica a este medio que el gravamen energético es "arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio". Tras haber pagado 800 millones en los últimos dos años por este tributo, la petrolera ha dicho basta. No es una amenaza de falsa bandera: este lunes ha trascendido que Repsol ya traslada inversiones a Portugal como rechazo a esta tasa.
El sector pragmático toma la palabra
Así, la formación de Carles Puigdemont, que no ha querido desvelar cuál será su posición en el Congreso de los Diputados, puede apoyar al grupo conservador -formado por Vox y PP, mayoritariamente- o alinearse con el Gobierno y sus socios.
Fuentes internas de Junts explican a este medio que el partido mostrará su cara más "liberal" en el conflicto energético. Es decir, que el sector pragmático intentará imponer su criterio y que el grupo que lidera Miriam Nogueras en la Cámara Baja votará en contra del impuestazo a las energéticas. No obstante, fuentes del partido destacan que algunos cuadros tienen "miedo", después de haber votado ya anteriormente junto a PP y Vox contra de la proposición de ley para regular el alquiler de temporada.
Porque de todos los socios del Gobierno central, Junts es el único escollo de la votación. Ni siquiera el PNV se manifestará en contra, pues el concierto económico vasco permitiría a los euscaldunes bonificar e incentivar las inversiones energéticas en su territorio; además de barrer para casa una parte de esos impuestos especiales recaudados.
Foment y la AEQT imploran el "no"
En contra del tributo se han posicionado tanto Foment del Treball como la Asociación de Empresas Petroquímicas de Tarragona, la AEQT. La patronal catalana se ha mostrado muy crítica con la tasa. También ha lanzado este lunes un grito de auxilio al Govern de Salvador Illa, al asegurar que es "un ataque al corazón de la economía del país", que pone en peligro un elemento tan importante a la hora de generar inversiones y actividad como el polo químico de Tarragona.
Mientras, la AEQT, de la que forma parte Repsol y otras 32 empresas instaladas en la zona, aseguran que el gravamen supone "una desventaja competitiva y comporta una inseguridad jurídica que podría hacernos perder inversiones millonarias", según Maria Mas, directora gerente, a Crónica Global.
Repsol, una larga advertencia y una amenaza final
La petrolera ha sido la compañía que se ha posicionado con mayor ahínco contra la tasa permanente que planea Sánchez. "Un escenario de inestabilidad fiscal podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España”, con este mensaje, el grupo amenazó hace un año al Gobierno en lo que, entonces, solo era un elemento más de la negociación entre el PSOE y sus socios. La multienergética aprovechó la presentación de sus cuentas de los nueve primeros meses del año para criticar las exigencias de Sumar al PSOE para reeditar la coalición de Gobierno con la aprovación de los presupuestos.
Por entonces, Repsol recordó que entre enero y septiembre de 2023 había invertido unos 1.800 millones de euros en España, algo más de un 40% del total de la compañía. Una cifra destinada al desarrollo de las instalaciones de energías renovables y a proyectos industriales también relacionados con las bajas emisiones. La empresa que preside Antoni Brufau hizo hincapié en el efecto dinamizador de estas inversiones en la industria española y en las numerosas empresas del sector con las que establecía alianzas para llevar a cabo los citados proyectos.
Desde entonces, la postura de Repsol se ha mantenido firme, en el sentido de que el gravamen extra a las energéticas castiga al resto de empresas que “invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país”. Y, en cambio, “favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España”.