Foment del Treball ha lanzado un mensaje de auxilio a la Generalitat en busca de apoyo para evitar que el Gobierno central siga adelante con sus planes de convertir en permanente el impuesto a las energéticas que decretó hace dos años, por entonces con carácter de excepcional.
La patronal asegura que el tributo, al que tacha de injusto y confiscatorio, supone "un ataque al corazón de la economía del país", además de poner en peligro un elemento tan importante a la hora de generar inversiones y actividad como el polo químico de Tarragona.
El organismo que preside Josep Sánchez Llibre recuerda que el impuesto fue aplicado de forma temporal para compensar la subida de los precios energéticos como consecuencia del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "Se trata de una medida discriminatoria con el sector energético, ámbito en el que se han bajado los precios a niveles previos a la crisis" generada por la maniobra bélica, asegura la patronal.
En una nota remitida a los medios, Foment hace un llamamiento al Govern para que tome "todas las medidas que están en su mano para revertir este gravamen", que considera como perjudicial para la industria catalana y para la economía en su conjunto.
Sánchez Llibre, presidente de Foment, en el BCN Desperta!
La patronal asegura que el tributo supone una carga a la industria que perjudica a su competitividad en los mercados internacionales, lo que tiene un efecto negativo en las inversiones futuras y, por lo tanto, en la actividad y los empleos industriales.
En el ámbito nacional, Foment asegura que el impuesto introduce un "elemento desestabilizador entre los territorios" y para la libre competencia.
Futuro incierto en Tarragona
En este sentido, señala que el escenario de un impuesto permanente dejaría el campo abierto para que algunas Comunidades Autónomas compensaran este gravamen de carácter nacional para favorecer a sociedades localizadas en sus territorios. Esta potencial circunstancia "provocaría un agravio comparativo además de generar una competencia desleal".
En este hipotético escenario de un impuesto de carácter permanente sitúa Foment el riesgo para un elemento tan importante como el polo químico de Tarragona. "Las compañías energéticas implicadas ven en riesgo sus inversiones y planteamientos a futuro en el Estado español".
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, busca reducir las tensiones del sector energético / EP
Más allá de este caso concreto, la patronal catalana alerta de derivadas más amplias como el incremento de la dependencia energética de España y la dificultad para cumplir con los objetivos del recién renovado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), con vigencia hasta 2030.