Cataluña está pendiente de la decisión de la militancia de ERC para validar el acuerdo de investidura de Salvador Illa. La ejecutiva de los republicanos y gran parte de sus cargos públicos redoblan los esfuerzos en el territorio para convencer a las agrupaciones locales de las bondades del preacuerdo firmado con el PSC. Una nueva “relación bilateral con el Estado”, en el ámbito financiero, para avanzar hacia “la plena soberanía fiscal”. Este hito histórico para Cataluña, según el criterio de los republicanos, no ha tenido una buena recepción en Junts y algunos sectores más radicales del independentismo como la ANC. Fuera de la comunidad autónoma, tanto dentro y fuera del PSOE, el pacto con Esquerra también ha recibido muchas críticas.
Uno de los hilos conductores que conecta la crítica de Junts, los radicales, el PP y los díscolos es la cobertura legal de la nueva etapa para Cataluña. Todos estos actores coinciden en destacar que la salida del régimen común de la financiación catalana requiere unas mayorías en el Congreso, por ejemplo, difíciles de encontrar.
Más allá de esta negociación extraordinaria, ¿qué mecanismos tiene el Estado para incidir en el territorio? Una de las partidas corresponde a la concesión de subvenciones a empresas con singularidad y proyectos estratégicos, sin el predominio de un criterio público que justifique la elección de una empresa en concreto. La Ley 19/2013 obliga a publicar el nombre de los beneficiarios de una aportación pública superior a los 100.000 euros.
Proyectos singulares y transformadores
Durante el 2023, el ejecutivo de Pedro Sánchez repartió un total de 11.806 millones de euros en subvenciones por toda España. De esta cifra, 5.615 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las empresas receptoras de las ayudas en Cataluña, sin tener en cuenta el tamaño o el número de trabajadores, destacan por gestionar sus proyectos con criterios de sostenibilidad y, a la vez, generar un efecto multiplicador en su entorno más próximo.
Los 94 millones de euros sitúan a Seat como una de las firmas mejor regadas de dinero público. El grupo automovilístico ha utilizado los recursos públicos para, entre otras acciones, acompañar el proceso de construcción de la nueva planta de ensamblaje de celdas de baterías. Con una superficie de 64.000 metros cuadrados, el equipamiento entrará en funcionamiento durante el 2025 y creará hasta 500 puestos de trabajo.
Sin dejar el mundo del motor, QEV Technologies se ha beneficiado de una subvención por valor de 23,4 millones. Desde principios de año, la firma de movilidad eléctrica ya ha iniciado la fabricación de los primeros vehículos en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca.
Planta de reciclaje de Basf y el hub de emprendimiento de EAE
Para la central de Basf en Tarragona se han destinado 15,7 millones, en plena construcción de una planta de reciclaje de baterías con tecnología propia. El proyecto de La Canonja contempla la creación de 400 puestos de trabajo.
Volviendo a la automoción, el fabricante de componentes Gestamp ha recibido 12,2 millones de euros para los proyectos de la planta de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).
Imagen de la planta de Basf en Tarragona
Otra empresa beneficiaria de los recursos públicos y con una notoria presencia en los medios por los efectos de una OPA es Ercros, con 11,2 millones. La misma cifra recibida por EAE permite a la escuela de negocios consolidar su hub de emprendimiento en las instalaciones del Tech Barcelona.
6,4 millones para la transformación digital de Aigües de Manresa
En el campo de la alimentación destacan los 6,4 millones que recibe el imperio de Bon Àrea, la cooperativa Girona Fruits con 581.000 euros, y los yogures Pastoret con poco más de 618.000 euros. Aigües de Manresa también utilizará los 6,4 millones para impulsar la transformación digital de la empresa y la gestión de los procesos del agua en la capital de la comarca del Bages.
En clave de movilidad, Hispano Igualadina ha obtenido poco más de medio millón. La cultura y el ocio también tienen su trozo de pastel. Las productoras A Contracorriente y Veranda se reparten 1,9 millones. Por su parte, el Gobierno aporta 1,4 millones de euros a Barcelona Events Musicals, sociedad gestora del festival Cruïlla.