El juez José María Fernández Seijo ha escrito otro capítulo en la guerra del camión que se libra en toda Europa. El titular del Mercantil 11 de Barcelona, conocido por el llamado caso Aziz que propició que el Tribunal de Luxemburgo declarase abusivas algunas cláusulas suelo hipotecarias, ha añadido otra condena para la compañía Scania en uno de los últimos procesos que ha abordado antes de saltar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El magistrado ha dictaminado que la multinacional sueca del motor retorne el 5% del precio del camión que adquirió un particular de Barcelona por ser uno de los vehículos afectados por el pacto de las grandes firmas de camiones en toda Europa que se detectó, y sancionó, desde las autoridades de la competencia comunitarias. Y ha dictado el fallo por jurisprudencia que se explica, según fuentes jurídicas, por un intento de resolver el máximo número de asuntos antes de ascender en la carrera judicial. 

Reparación del 5% más intereses

En su escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, el juez Seijo recuerda que "en supuestos como el presente, la Audiencia de Barcelona ha establecido el criterio judicial de apreciar el prejuicio sufrido en un 5% del precio de compra de los camiones". Señala que todos los particulares que han denunciado haber pagado más por los vehículos afectados por el cártel, las distintas salas de diferentes instancias han determinado que ese era el porcentaje de compensación adecuado. Por lo que ha procedido de la misma manera. 

A la cuantía se le deben sumar los "los intereses legales computables desde la fecha de adquisición del vehículo". Así, se completa el derecho de reparación al particular.

El 'cártel de los camiones'

La sanción de Barcelona es una de las últimas que encaja Scania, el único fabricante de camiones sancionado en el cártel que se ha resistido a reconocer el pacto de precios con sus rivales y mantiene el litigio vivo. Cabe recordar que competencia detectó un abuso del mercado libre entre 1997 y 2011 de los fabricantes que vendían vehículos que pesaban entre cinco y 15 toneladas. 

Complejo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Wikipedia

El órgano sancionador de la Unión Europea multó con más de 2.900 millones a todas las empresas que pactaron precios. En la lista, además del fabricante de camiones sueco, aparecen las marcas Daf, Iveco, Daimler, Man, Volvo y Renault. Scania encajó una sanción adicional por defender que nunca participó en el cártel, una declaración que los garantes de la libre competencia comunitaria demostraron después que era falsa. 

La multa a los fabricantes de camiones era solidaria, por lo que los afectados pudieron reclamar su compensación a cualquiera de los fabricantes.

Problemas de los camiones y las emisiones

Los compradores de los camiones afectados por el cártel no solo pagaron de más por los vehículos, también han tenido que hacer frente a problemas con las sobreemisiones. Los organismos comunitarios detectaron que, de forma adicional, las marcas acordaron un retraso en la incorporación de normativas europeas que limitaban los gases nocivos que podían emitir. 

Esta forma de proceder ocasionó problemas de circulación a los transportistas, que vieron como se les bloqueaba el paso en determinadas carreteras por contaminar más que los límites permitidos. Todo ello, a pesar de que hubieran pagado por vehículos actualizados en sus adquisiciones. Europa reconoció que los fabricantes de camiones, sencillamente, habían engañado a sus clientes. 

Un camión circulando por una autopista CETCAT

Límite de las reclamaciones ampliado

Por todo ello, el regulador de la competencia dio cinco años a los clientes afectados para solicitar una compensación. El plazo finalizaba en 2021, pero la decisión de Scania de prolongar el litigio ha dado lugar a que se amplíe el periodo de reclamaciones. Y esto afecta a todas las empresas implicadas en el cárter, no solo a los suecos. 

Tal y como explica el abogado del despacho Palacio Lassaletta Abogados, Pablo de Palacio de Lassaletta, “todos los camiones, con independencia de la marca, que fueron comprados entre 1997 y 2011, pueden reclamar indemnizaciones a Scania hasta el 2029”. En el caso de España, además, prevalece la aplicación de la directiva europea, ya que esta se había transpuesto fuera de plazo. Y, al ser una sanción solidaria, los transportistas que cuenten con vehículos de cualquier de las otras marcas afectadas también podrán plantear la reclamación a la multinacional sueca. 

El recorrido que ha seguido el particular de Barcelona para reclamar una compensación que, finalmente, ha sido reconocida por Seijo. La sentencia no es firme, Scania puede presentar un recurso para seguir con el litigio.

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