Las residencias de mayores de Cataluña han estallado contra una de las medidas del Govern en funciones: la petición de que se acrediten ante el Departamento de Asuntos Sociales. La mayor asociación de directores de centro ha tildado de "cacicada" la imposición de una fecha límite para enviar las solicitudes: el 5 de agosto.
En una nota, la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centro y de Servicios de Atención a la Dependencia (Ascad) ha alertado de la "imposición" que supone que los geriátricos catalanes tengan que acreditarse en menos de dos semanas.
Ello a riesgo de que Asuntos Sociales "revoque" tácitamente la renovación de los conciertos, que se prorrogan de forma bianual.
Contradicción con el Ministerio
Asimismo, Ascad alerta de que se les está pidiendo documentación que no figuraba en el decreto inicial, emitido en 2020.
En paralelo, la entidad enfatiza que la petición de acreditación del Govern es paralela a la que ha impulsado --y aprobado-- el Gobierno tras la pandemia del coronavirus. Hay, pues una duplicidad de acreditaciones que genera un "procedimiento paralelo alternativo".
Conciertos a la baja
En relación a los conciertos con la Generalitat de Cataluña, Ascad alerta de que hay un déficit de 200 euros por residente y mes que tendrán que costear los operadores --el 70% de ellos son pequeñas y medianas empresas-- por medio de pérdidas en algunos centros.
Según la agrupación, Cataluña tiene "cuidados top con salarios low cost" y ratios de personal "congeladas desde hace 10 años".
Las sancionadas, dentro
Por otro lado, Ascad hace hincapié en que el Govern acaba de rehabilitar por decreto las residencias sancionadas, dejándolas concursar con el sector público. Algo que se lee como un favor a los grandes del sector residencial.
Por último, la Asociación solicita que "desaparezca" la figura de responsable higiénico-Sanitario y lamenta que Afers Socials se contradiga con las declaraciones responsables que posibilitan la acreditación.