La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del Grupo Endesa por posibles prácticas anticompetitivas. Con estas, puede haber incurrido en abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica.
Estas prácticas, según la CNMC, afectarían a todos los territorios donde opera el Grupo Endesa: Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz. También en Cataluña, donde la distribuidora trabaja bajo la dirección de Enric Brazís.
Abuso de posición de dominio
En un comunicado, el organismo presidido por Cani Fernández ha indicado que está investigando a E-distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.
La investigación se centra en el presunto trato "discriminatorio y preferente" que la energética habría dado a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras. Prácticas que habría cometido en ámbitos como la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y la prestación de servicios, así como la instalación y operación del autoconsumo.
Dos inspecciones
La CNMC recibió varias denuncias contra E-distribución por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), e inició una información reservada. En junio de 2023, personal de la CNMC inspeccionó dos sedes de varias sociedades del Grupo Endesa.
El organismo ha abierto un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del expediente.
Endesa se defiende
Fuentes de Endesa aseguran que E-distribución ha actuado en todo momento "cumpliendo la legislación y respetando escrupulosamente el principio de neutralidad que rige el funcionamiento de las distribuidoras de electricidad en su trato con las distintas comercializadoras existentes en el mercado".
Es por ello que sostienen que no se ha producido "ningún trato de favor a ningún agente" y remarcan que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.