El Govern ha obviado el efecto perverso que ha tenido en los precios del alquiler la aplicación de la normativa que establece topes y ha decidido ampliar la medida a otros 131 municipios, que pasarán así ser declarados como zona de mercado residencial tensionado.
La Consejería de Territorio ha remitido esta declaración al Gobierno central, concretamente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para que la publique en el menor plazo posible y que así pueda entrar en vigor cuanto antes.
Más del 90% de la población
La decisión de la Generalitat casi duplica el número de municipios que cuentan ya con esta declaración y pasará a afectar a 271, donde están registradas en total algo más de 7 millones de personas, con lo que el límite a los precios de los alquileres afectará a nueve de cada diez habitantes de Cataluña.
La medida no encuentra justificación precisamente en los resultados que ha tenido la intervención de la Administración pública en el mercado del alquiler. Más bien, todo lo contrario. Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de mayo, reflejan un incremento internanual del precio de los arrendamientos en Cataluña del 14%, entre los más elevados de España.
La oferta se desploma
Con un coste medio de 17,1 euros por metro cuadrado, la cifra ha sido la más elevada de la historia desde que existen registros.
Como era de esperar, la intervención ha tenido un efecto perverso en el mercado por el impacto negativo que ha tenido en la oferta, que se ha reducido de forma drástica. Las diferentes estadísticas hablan de recortes en torno al 40% de las viviendas que se encuentran en alquiler.
En línea con lo pronosticado por los expertos, este recorte y el previsible incremento de la demanda ha convertido el mercado catalán del alquiler en una cruenta batalla por el metro cuadrado que tiene como principales víctimas a los ciudadanos, especialmente jóvenes y rentas medias y bajas.