La gestión estratégica del grupo Agbar ha provocado fricciones entre las cúpulas de Veolia, la multinacional propietaria de la gestora de aguas catalana y radicada en París, y los directivos de Barcelona. El origen del pulso está en el plan de inversiones de la compañía. Los ejecutivos franceses insisten en aplicar ahora una ambiciosa estrategia de contingencia que afecta incluso a las inversiones que se prevén acometer en Cataluña y que el Govern incluyó en la Ley 9/2023 de medidas extraordinarias para luchar contra la sequía del año pasado.
La normativa obliga a la compañía a destinar más de 900 millones de euros a mejorar las infraestructuras hídricas que gestiona entre el ejercicio en curso y 2027. Esta es la cantidad que se aprobó en un consejo de administración presidido por Ángel Simón, que dejó a su papel ejecutivo en Agbar a mediados de febrero, tras convertirse en consejero delegado de Criteria. El primer ejecutivo del grupo de infraestructuras de agua es ahora Ciril Rozman.
Àngel Simón, nuevo consejero delegado de Criteria Caixa / EP
Veolia exige maximizar beneficios
El problema estriba en que la estrategia trazada desde Barcelona choca con la hoja de ruta que Veolia aprobó a finales de febrero, dos semanas después de la salida de Simón. Esta estrategia global, el plan denominado Green up, indica que se deben frenar las inversiones en las infraestructuras de agua con el objetivo de compensar otras actividades del grupo sin tanto margen -bioenergía y tratamiento de residuos- y, al final, maximizar los beneficios consolidados de la multinacional a corto plazo.
La cúpula de Veolia considera que las mejoras previstas por Agbar no tienen cabida en este plan financiero global y ha dado instrucciones en Barcelona de que se pasen las tijeras al gasto del grupo ya en el ejercicio en curso. El mantenimiento y mejoras de infraestructuras hídricas que se pactaron con el Govern alcanzan los 164 millones este año y Veolia las quiere rebajar hasta los 128 millones, el 30% menos. Esta diferencia ha generado las primeras fricciones entre ambas cúpulas.
Un trabajador de Veolia, en una imagen de archivo / EP
Agbar invertirá
En Barcelona, el grupo señala en una nota de prensa que, “en plena coordinación con las Administraciones públicas competentes y con el objetivo de aprovechar todos los recursos hídricos disponibles”, ya se han activado varias inversiones. La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí (Barcelona) ya está en obras; se han finalizado los trabajos para recuperar el recurso del Rec Comtal para el abastecimiento de la ETAP Besòs, la primera fase de las mejoras en esta infraestructura; se ha ampliado el Tratamiento de ósmosis invertida en los llamados pozos Estrella de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona); y se construye un nuevo campo de pozos en Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat para extraer agua en la parte alta del acuífero del Baix Llobregat y reconducirla hasta la planta de Sant Joan Despí.
Además, en breve se terminará la redacción del proyecto para dotar de una nueva planta potabilizadora en el río Besòs que cierre el ciclo del agua en la zona norte de Barcelona. Es decir, que incluya la regeneración y la desalinización y evite que se repitan situaciones actuales, donde se ha restringido el consumo de agua a la inmensa mayoría de la población de Cataluña por la falta de lluvias. Aplicar tecnologías que permitan nuevas captaciones de recursos se ha demostrado como la fórmula de éxito para evitar depender de una meteorología adversa.
Pantano de Sau en noviembre de 2023
En la llamada gran Barcelona, Agbar tiene aprobado destinar 70 millones a lo largo de 2024 para luchar contra la sequía. Y, de nuevo, no ha tomado de forma unilateral esta decisión. Es el plan aprobado en la sociedad Aigües de Barcelona, una empresa mixta que gestiona el servicio y que está participada en un 70% por Agbar, un 15% por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el 15% restante por Criteria.
El papel de las administraciones
Desde Veolia niegan que exista la pugna entre directivas que ha trascendido y aseguran que la máxima de la multinacional es la de consolidar su negocio de concesiones de agua. Cabe recordar que Agbar se convirtió en una división propia de Veolia en 2021 en el marco de una macroadquisición en Francia. La compañía verde compró su rival Suez, que en ese momento tenía la mayoría del capital del grupo hídrico con sede social en Barcelona.
La operación recibió el visto bueno de los gestores de la competencia tanto galos como españoles. Aun así, en el caso español se puso unas condiciones a su visto bueno que cobran importancia en el momento actual. El Gobierno obligó a Veolia a dar garantías tanto en el plano laboral como en el ejecutivo. En ese contexto existe un blindaje para ejecutar planes de inversiones como el que obliga la Generalitat por el contexto de emergencia por sequía que vive Cataluña.
Líder del territorio
Si esta garantía se activa, la multinacional francesa no podría aplicar los objetivos de ahorro que están previstos en la división. Tanto los que afectan a la zona metropolitana, donde opera la empresa mixta constituida en 2013, como a las concesiones que operan en el resto de Cataluña. Cabe recordar que Agbar es el líder de su actividad en el territorio catalán.
La Generalitat aprobó en mayo una ley de “medidas extraordinarias urgentes” para hacer frente a la falta de lluvias. Definía y priorizara inversiones para revertir la sequía que ya azotaba el territorio. Entre otras, están afectadas infraestructuras que Agbar opera tanto en Sant Joan Despí como en Sant Feliu de Llobregat, donde hay grandes plantas depuradoras y potabilizadoras que dan servicio a la cuenca del Llobregat; como a sus análogas del río Besòs. Ambas dan servicio a los más de cinco millones de personas que viven en la región metropolitana de Barcelona.
Todo ello, en un momento en el que las lluvias de los últimos días han incrementado hasta el 23,5% el estado de las reservas de agua de Cataluña. La situación aún es grave, pero no tan crítica como a principios de invierno.