El paso del tiempo ha hecho buenos los augurios que hablaban sobre la improbabilidad de que las grandes empresas que a finales de 2017 dejaron su sede social en Cataluña debido al clima generado por el procés fueran a regresar. Casi siete años después de aquel momento, camino de la mitad de la siguiente década, no sólo no se ha dado el caso sino que incluso el debate sobre un eventual retorno ha desaparecido de los consejos de administración.
Un hecho que, paradójicamente (o no tanto), coincide con un intento de avivar la cuestión desde el ámbito político. Cuando JxCat confirmó el papel de elemento clave para que la coalición entre PSOE y Sumar mantuviera el Gobierno central, una de sus primeras reivindicaciones consistió en promover un marco legal que obligara a revertir el movimiento masivo de la fuga de empresas, bajo amenaza de sanciones económicas de calado.
Pronóstico acertado
Más allá de la boutade política, la iniciativa de propuesta convertida en amenaza ha tenido un efecto completamente perverso, al menos en las grandes empresas, cuyos principales ejecutivos ya no vacilan a la hora de declarar que aquella página del libro hace tiempo que se pasó.
Cuando acontecimientos como la aprobación en el Parlament de las llamadas "leyes de desconexión", el referéndum ilegal del 1-O, la posterior declaración unilateral de independencia fallida y el cese de la Generalitat en pleno por la aplicación del artículo 155 de la Constitución provocaron el traslado fuera de Cataluña de las sedes sociales de grupos como Caixabank, Naturgy, Abertis, Banco Sabadell, Criteria Caixa o Planeta, los expertos pronosticaron que, a poco que las compañías encontraran un panorama estable allá donde se trasladaran, no volverían. Al menos, en un largo, largo plazo.
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu
El pronóstico se ha cumplido, hasta el punto de que aquellas amenazas no han hecho sino ratificar que la decisión adoptada en su momento, aunque crítica y traumática, fue la correcta.
El último ejemplo ha venido de la mano de Banco Sabadell, que encontró en 2017 un refugio en Alicante, la sede de la CAM, cuyo control había adquirido años atrás en el contexto de la crisis de las cajas de ahorros.
Del mensaje encriptado al contundente
"Llegamos aquí por accidente, como reacción a un movimiento político. Pero, una vez aquí, no nos va mal", apuntó esta semana el presidente de la entidad, Josep Oliu, en el contexto de la junta de accionistas que el banco celebró en la ciudad levantina. "A este asunto de la sede ya no le damos ninguna importancia, tenemos centros repartidos en Sant Cugat, en Madrid y aquí", concluyó.
Oliu abandonaba así la fórmula un tanto encriptada que había empleado años atrás, cuando señalaba enigmáticamente que "no sé lo que tiene que ocurrir para que volvamos a Cataluña… pero todavía no ha pasado".
El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri (izq..), junto al consejero delegado, Gonzalo Gortázar / EP
Como si formara parte del mismo consejo de administración, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, zanjaba la cuestión de un posible regreso de la energética a Cataluña de forma tajante. "Es un asunto que ni siquiera está encima de la mesa en estos momentos", aseguró ya el pasado febrero, durante la presentación de los resultados anuales de la compañía.
Apenas unos días atrás, el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, recordó que el dilema de la sede llegó a estar en el debate del consejo de la entidad. Y eso que cuando se produjo la fusión entre el antiguo Caixabank y Bankia, que dio lugar al actual primer banco de España, el hecho de que las sedes de ambos coincidieran en Valencia redujo las dudas sobre dónde asentar los reales de la nueva aventura financiera.
Bonet: "No van a volver"
Con la misma contundencia que admitió que inicialmente el debate de la sede estuvo sobre la mesa, el banquero vasco lo cerró con una afirmación que deja lugar a pocas dudas: "Valencia es el mejor sitio en el que podríamos estar". Y sobre un posible efecto de las amenazas llegadas desde el ámbito político señaló que "no tengo ningún comentario que hacer".
A la hora de vislumbrar el futuro, pocos tan contundentes como el presidente de la Cámara de España, el catalán José Luis Bonet. “No van a volver”, aseguró en un acto del organismo, que coincidió en el tiempo con las agresivas propuestas de Junts. Una decisión que, además, consideró lógica y acertada.
José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España / EP
Al margen de lo que pueda cambiar el clima político y empresarial en Cataluña, los expertos señalan que este tipo de decisiones debe ser muy bien estudiada y analizada dado que no suele tener vuelta atrás.
"Aunque no se trasladen los centros de producción, son muchos los trámites a realizar para realizar un cambio de este tipo. Y además, si la compañía es bien acogida en su nuevo destino comienza a desarrollarse un arraigo y una relación con el entorno que cada vez ofrece resultados que cada vez son mejores y a los que las compañías no van a querer renunciar", apuntan desde una gran consultora internacional.
"Nos quedamos"
Además, "mover la sede social reiteradamente no es lo mejor precisamente para la imagen de una empresa porque iría en contra de uno de los valores más apreciados para los llamados grupos de interés (especialmente, inversores, accionistas y clientes) como es el de la estabilidad"
Aun así, persistirán los rumores, como el trasladado esta semana en la junta de Banco Sabadell por parte de un accionista al presidente de la entidad, acerca de una posible marcha de Alicante. "Nos quedamos aquí, puede estar seguro", respondió Oliu.
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