Los promotores de fallido Open Camp de Barcelona han pedido al Tribunal Supremo reabrir la causa por siete delitos contra los diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Eloi Badia y el exportavoz de la formación Jaume Asens. Los empresarios detrás del parque temático del deporte piden al alto tribunal que cite a los 18 testigos que no escuchó. Según ellos, acreditarán los hechos denunciados
Así lo indica el recurso de súplica interpuesto ante la Fiscalía de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Pide la admisión y las prácticas de diligencias que se incluyen en la querella presentada en la que se denuncia la comisión de siete presuntos tipos penales por parte de un grupo de empresarios encabezados por Paco Medina, exadministrador de Gaudí Innovation SLU.
Faltan 18 testigos
El Supremo dio carpetazo al asunto a principios de este año. Ahora, los afectados por el cierre reclaman al Alto Tribunal que "escuche a 18 testigos presenciales, directos y cualificados" que, según ellos, atestiguan los hechos.
El escrito agrega que la querella contiene abundante documentación, incluyendo 225 documentos originales --como contratos o facturas-- que sustancian "88 hechos circunstanciados".
"Indiciarias"
Todo ello constituye material "indiciario y suficiente" para investigar los hechos, consideran los recurrentes.
Lo acontecido son una serie de presuntas "arbitrariedades, defraudaciones y execrables abusos de poder cometidos por los políticos" citados en los escritos de Open Camp.
Abierto y cerrado en un año
Según los promotores de la instalación, el Ayuntamiento de Barcelona, y, más concretamente, Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), el grupo municipal de empresas, habrían presionado a Open Camp hasta cercenar su modelo de negocio y conducirlo a la insolvencia.
Medina argumenta que actuaron de este modo porque no compartían el espíritu del proyecto, al que afeaban el ánimo de lucro. El empresario recuerda que el programa electoral de Barcelona en Comú (BComú) en 2015 ya preveía el cierre del equipamiento.
Presiones
Por el camino, se produjeron presuntas presiones y regates municipales polémicos que están recogidos en la querella que ahora se pide que se reabra. Los más graves concernieron a la apertura obligatoria de la Puerta Maratón del Estadio Olímpico de Montjuïc; la prohibición de colocar publicidad exterior o a las jornadas obligatorias de uso del recinto para conciertos de música, que dejaron a Open Camp sin operar.
En el plano político, el ayuntamiento habría forzado una jornada de homenaje a la Olimpíada Popular de 1936 que tuvo que pagar el promotor, así como otra jornada que obligó a dejar inactivo el parque.
El resultado de todo ello, arguye Medina, se tradujo en la quiebra de un complejo que había atesorado varios premios.