Foment del Treball gana definitivamente a la ANC por su campaña de boicot independentista

Revolcón definitivo en los tribunales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por la campaña de boicot independentista que lanzó en noviembre de 2018. La sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha rechazado el recurso de apelación presentado por la entidad secesionista y considera probado que el objetivo de la campaña Consum Estratègic era dañar la actividad de las empresas que no compartían su ideario político, tal y como justificó Foment del Treball al iniciar el proceso contra la organización. Además, le condena a pagar las costas del proceso. 

Los magistrados ratifican la primera resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 11 en octubre de 2022. En ella, se daba por probado que la campaña constituía un “acto de obstrucción” y buscaba que las empresas que “no compartían el ideario de la ANC o no cumplían los requisitos” para formar parte de la lista de Consum Estratègic tuvieran en el mercado un “efecto negativo por motivos totalmente ajenos a la eficiencia, calidad o precio de las prestaciones”.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en la manifestación secesionista de Perpiñán, en el sur de Francia @assemblea (X)

“Esta conducta perjudicial carece de justificación competitiva o concurrencial, ya que no tiene en cuenta la eficiencia de las prestaciones para discriminar determinadas empresas o productos”, certificó el primer juzgado que examinó el caso. “Valorados de forma conjunta”, señaló el tribunal mercantil, “deben ser calificadas de acto de obstrucción, concretamente de boicot, por lo que es procedente confirmar la deslealtad de las conductas atribuidas a la ANC”.

Intento de ampararse en la libertad de expresión

La organización independentista liderada por Dolors Feliu intentó ampararse en el derecho de la libertad de expresión. Afirmó que su campaña de boicot empresarial por cuestiones políticas era pertinente en una “sociedad democrática”, cuestión que ha sido rechazada de frente por el tribunal.

La Audiencia de Barcelona señala que la finalidad de la causa era la “protección del derecho a la libertad de empresa y a la economía de mercado” y que la iniciativa “afecta la eficiencia del mercado, alternado el funcionamiento y poniendo de riesgo los derechos reconocidos a la Comunidad Europea (CE), con perjuicio no sólo para las empresas contra las que se dirige el boicot, sino para el funcionamiento del mercado”.

Origen de la iniciativa

La ANC presentó la campaña de boicot independentista en un momento en el que el proceso independentista catalán aún estaba en auge. La entonces presidenta de la organización, la ahora profesora universitaria Elisenda Paluzie, la presentó como una plataforma para que las empresas que querían “contribuir a la república catalana” se unieran en un portal para que el mundo independentista supiera qué consumir en cada momento.

La génesis de la iniciativa fue una demanda del exlíder de ERC Josep Lluís Carod-Rovira. El independentista aseguró que los secesionistas tenían que incidir en condición de consumidores y hacer presión contra el Estado. De ahí nació el registro de empresas que ha sido tumbado por cuatro tribunales al considerar que, simplemente, el objetivo perseguido era realizar un boicot con fines políticos.

El Govern defendió a la ANC

Foment del Treball la denunció ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) poco después y vivió las trabas incluso de la Generalitat. El Govern liderado por Quim Torra intentó frenar el proceso al plantear un conflicto de competencias que resultó estéril.

Elisenda Paluzie (c), presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), en un acto con el presidente catalán Quim Torra (i) y Marcel Mauri (d), de Òmnium Cultural / EP

De hecho, el resultado final fue lo contrario que pretendía Torra y sus allegados. Foment del Treball ha conseguido que sus tesis hayan sido ratificadas en todos los tribunales y organismos que velan por la pulcritud de la competencia y el libre mercado le dieran la razón. Finalmente, la Audiencia de Barcelona ha condenado en costas a la ANC, que dispone de 20 días para decidir si presenta un recurso de casación y mantiene vivo el pulso judicial.