CGT ha convocado una huelga indefinida en Ambulancias Egara en pleno concurso de transporte sanitario en Cataluña. El sindicato minoritario ha llamado a paros a partir del próximo 14 de marzo, pero la empresa ha respondido que la protesta la convoca una plataforma "fuera del convenio", y que está aumentando sueldos un 2% anual y renovando la flota.
En una nota emitida ayer, CGT ha informado de que entrarán una convocatoria de huelga total en los tres lotes de Egara en Cataluña a partir del 14 de marzo. Según ellos, se están produciendo una "oleada de despidos masivos" en la matriz y su vinculada, Ivemón Servicios Sanitarios.
Objetivos
El objetivo de la movilización, según la parte social, es protestar contra estas salidas, que el convocante afea que se produzcan "después de la firma del nuevo convenio".
Y lo que el sindicato percibe como sobrecarga de trabajo por "falta de personal" y lagunas en la "renovación de los vehículos", así como obstáculos en la petición de permisos laborales.
Empresa: "Aumentos del 2% anuales y renovación"
Fuentes cercanas a la empresa han respondido con rapidez a la convocatoria de CGT. Han alertado de que "el resto de sindicatos que firmaron el convenio" no secundan la acción. Y que la firma de Terrassa "está pagando los aumentos salariales del 2%", algo que otros operadores no estarían haciendo.
Asimismo, desde la Egara subrayan que "han renovado" la flota más antigua, algo que otras compañías no han hecho. Este punto es clave porque la nueva externalización de Cataluña ha embarrancado, con lo cual muchos vehículos de la anterior licitación, de 2015, están llegando a su caducidad.
A la espera de las correcciones
El conflicto en Ambulancias Egara tiene lugar cuando el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) está conduciendo la nueva asignación de las ambulancias externas en Cataluña, un macrocontrato de más de 2.000 millones de euros.
El procedimiento ha encallado por un revés del Tribunal de Contratos del Sector Público (TCCSP), y ahora el SEM lo está rehaciendo. No sin quejas de algunos operadores, que detectan inseguridad jurídica por parte de la empresa pública.