El sindicato agrario Unió de Pagesos ha pedido a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que anule la concesión que permitirá a la empresa minera ICL Iberpotash hacer uso del 80% del agua procedente de la depuradora de Manresa una vez se haya construido la tubería hasta Súria.
Esta empresa de capital israelí, la antigua Iberpotash, es la única empresa extractora de potasa en España y explota, en la actualidad, la mina de Súria. Igualmente, gestionó la mina de Sallent hasta su cierre en 2020 tras una larga lucha con las entidades ambientalistas del territorio.
Degradación del entorno
Este gigante de la minería ha estado en la diana de las organizaciones y entidades que operan en la Cataluña central. Además de ser denunciada por el incumplimiento de las normativas de seguridad en el trabajo, las mismas entidades ecologistas han asegurado que degrada constantemente el entorno con montañas de sales residuales del proceso de extracción. Le han denunciado por contaminación de los acuíferos de la zona.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) emitió una sentencia en 2017 por la cual la empresa debía poner fin al vertido de runa salina. Un mandato que, según el sindicato de agricultores, “la empresa no ha abordado”.
Estas montañas de vertidos salinos contaminan de manera directa las aguas subterráneas y crean filtraciones en los ríos Cardener y Llobregat, de los cuales se nutre una buena parte del sistema agrario catalán. Unió de Pagesos denuncia que la salinización de los pozos “hace aumentar los costos de producción de la payesía afectada, puesto que se ve obligada a pagar para disponer de agua salubre”.
Concesión del uso del agua de la depuradora
La concesión del uso de 6,68 hectómetros cúbicos de agua al año, el 80% de la capacidad de la depuradora de Manresa, se emitió por parte del ACA en 2021, pero la controversia se ha avivado este 2024, por el contexto de emergencia por sequía que vive Cataluña y que ha causado que la Generalitat rebaje hasta el 20% el acceso al agua para el sector agrario.
Los agricultores no están solos; en enero, el partido Fem Manresa, que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento, hizo público su “profundo desacuerdo con la decisión del ACA”. Ya en 2022, las plataformas Taula del Llobregat y Prou sal! pidieron a la Generalitat que no se hiciera efectiva la concesión.
La empresa tiene previsto poder empezar a usar esta dotación de agua en 2027, cuando una tubería pueda conducirla hasta la mina de Súria. Allí emplearán el agua para diluir los residuos salinos y poder evacuar esta ‘salmuera’ al mar a través de un colector que también está aprobado por el ACA pero no se ha construido.
En plena sequía
Unió de Pagesos ha asegurado en su comunicado que contextos de emergencia climática como el actual, “hay que pensar muy bien en los usos que hay que priorizar”; a lo que Fem Manresa añadió que “es inmoral priorizar el uso del agua para la actividad minera de ICL, en vez de poner en el centro las necesidades de la población, de los sectores básicos como la payesía y la defensa de los ecosistemas”.
Las diferentes entidades que han denunciado públicamente esta concesión, añaden también que la captación de esta agua por parte de ICL contribuirá a que la cuenca del Cardener - Llobregat se seque con más rapidez, puesto que el agua de la depuradora, por ahora, se vierte al río, pero a partir de 2027 se perderán esos 6,86 hectómetros cúbicos asignados a la minera, que posteriormente regresarán al medioambiente contaminados con altos niveles de salinidad.