La nueva regulación catalana de los pisos turísticos sigue generando controversia y oposición, tanto dentro como fuera de España. La Comisión Europea (CE) ha pedido al Gobierno español que le envíe un informe que justifique las medidas autonómicas que limitan esta actividad, al considerar que podrían incumplir la normativa comunitaria sobre los servicios en el mercado interior.
Según ha informado El Mundo, que cita una notificación de la CE, la institución europea se suma así a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y a los juristas que también han cuestionado el decreto ley de la Generalitat, convalidado en el Parlament el pasado diciembre y que se tramita ahora como proyecto de ley con las modificaciones pactadas por Esquerra Republicana y el PSC. El texto está recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) y, tal y como publicó Crónica Global, era previsible que plantease un choque con la legislación europea.
Afecta a 140 municipios
La norma, que afecta a 140 municipios catalanes declarados zonas de mercado residencial tensionado, establece un ratio de viviendas turísticas por cada 100 habitantes, que cada ayuntamiento puede fijar, y exige una licencia urbanística para el uso de estos alojamientos. Con las modificaciones pactadas entre los mencionados grupos políticos, las poblaciones turísticas afectadas pasan de 262 a 140 y los municipios contrarios al turismo podrán aplicar restricciones contundentes, pero no será obligatorio que los consistorios proturismo apliquen el tope de diez apartamentos por centenar de residentes.
El objetivo del Govern es luchar contra la escasez de vivienda y la especulación inmobiliaria, pero el sector de los pisos turísticos denuncia que la norma es injusta, desproporcionada y restrictiva. La Comisión expresa sus dudas sobre la adecuación y proporcionalidad de las medidas catalanas, y señala que podrían vulnerar los artículos 9, 10, 11 y 15 de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del año 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Estos artículos se refieren a la libertad de establecimiento, la prohibición de autorizaciones previas, la no discriminación y la simplificación de los procedimientos.
Se legisla sin datos
La CE indica que, hasta el momento, "las autoridades españolas no han aportado una justificación suficientemente convincente" de que la actividad de las viviendas de uso turístico sea causante de la tensión en el mercado del alquiler o "un análisis de alternativas menos restrictivas". Además, añade que los estudios mencionados en la justificación del decreto son "o bien irrelevantes desde un punto de vista geográfico o solo potencialmente relevantes para el municipio de Barcelona", que ya tenía paralizada la concesión de licencias. De hecho, se calcula que este tipo de alojamientos solo suponen el 2% del parque de vivienda en Cataluña.
La CE también se hace eco de un informe crítico de la Autoridad Catalana de la Competencia, vinculada al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, que propone otras medidas más eficaces para aumentar el parque de vivienda, como incentivos fiscales, control de la oferta ilegal o cooperación con la administración tributaria.
El próximo asalto: el alquiler de temporada
El PP, que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el decreto ley catalán, a instancias de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), ha celebrado la notificación de la CE y ha pedido al Gobierno que retire el apoyo a la norma. El recurso del PP argumenta que la norma atenta contra el derecho de propiedad y la garantía de unidad de mercado, vulnera el principio de autonomía local y contiene una expropiación encubierta.
Ayer, por otra parte, el pleno del Parlament aprobó una moción presentada por En Comú Podem que reclama al Govern elaborar "de manera urgente una normativa específica que permita regular los alquileres de temporada (arrendamientos por periodos de uno a once meses) para evitar fraude". La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PSC, ERC y los comunes, la abstención de la CUP y el voto en contra de Junts, Vox, Ciudadanos y PP.