Un macrocaso de estafa ha salpicado a las candidaturas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a las cámaras de comercio catalanas, en este caso la de Terrassa. La empresaria Estefanía Ramos Barón se juega seis años de cárcel por participar en una presunta trama de inversiones inmobiliarias falsas. La directiva fue socia de uno de los candidatos, con el que heredó la empresa de otro aspirante a formar parte del plenario de la organización de dinamización empresarial de Terrassa.
El caso por supuesta estafa y falsedad documental se ha comenzado a sustanciar en la Audiencia Provincial de Barcelona tras años de instrucción. Ramos, junto al resto de acusados, deberán responder al relato de que favorecieron inversiones inmobiliarias que no existían por medio de tretas y uso de testaferros en empresas. Hay media docena de afectados, para los que se pide dos millones de euros de indemnización.
"Entramado ilícito"
Según el escrito de calificación de la Fiscalía Provincial de Barcelona al que ha accedido este medio, las seis personas y otras seis empresas que se sentarán en el banquillo de los acusados, conformaban un "entramado ilícito" para, cree el Ministerio Público, captar fondos en inversiones que no existían.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Lo hicieron por medio de "contratos de crédito" y ventas de pisos e inmuebles "que no tenían la intención de concluir". En algunos casos, cree la acusación pública, los encausados utilizaron firmas falsas, testaferros en empresas o sociedades mercantiles que ni eran suyas, sino de las que habían captado el nombre en el Registro Mercantil.
Un 'pufo' de más de dos millones
La Fiscalía reclama resarcir a los afectados por la supuesta añagaza con cerca de dos millones de euros por las operaciones inmobiliarias falsas. Uno de ellos, en conversación con este medio, ha lamentado que "cogieran el nombre de su empresa porque era muy fácil de deletrear". No tiene nada que ver con la trama, y es testigo del caso.
Por contra, fuentes cercanas a la principal acusada, Estefanía Ramos, han alertado de que la instrucción del caso es "defectuosa". Y que se ha imputado a personas que "no tocan", faltando "los que realmente deberían de estar". Ante ello, pedirán la libre absolución de la enjuiciada.
Socia de un candidato de la ANC
Por el momento, la macrocausa por presunta estafa y falsedad mantiene como acusada a Estefanía Ramos, socia de un candidato de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a las cámaras de comercio. Es Joan Ramon Gros, que acudió a la candidatura de la ANC al ente cameral de Terrassa en 2019.
Imagen de placas solares de GSolar, la empresa de Joan Ramon Gros
Ambos comparten mando en la empresa Catenergy, una distribuidora de electricidad con sede en Terrassa. Precisamente, Ramos y Gros heredaron la mercantil de otros de los aspirantes a la cámara y uno de los pesos pesados del empresariado nacionalista en la cocapital comarcal: Jordi Roset, cofundador de Petrolis Independents y Petro7. También era candidato a la Cámara.
La exempresa de Canadell
Roset es, además de empresario y aspirante al ente empresarial, ex socio de Joan Canadell, expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona entre 2019 y 2021. Aquel año, dejó su cargo para fichar como diputado de Junts en el Parlament.
En paralelo, Roset y Canadell rompieron y el primero le compró las participaciones al segundo después de una disputa empresarial, explicó este medio. Preguntado sobre la polémica que ahora le salpica, Roset ha precisado que "hace más de diez años se vendió las acciones" de la firma y "no conoce" a Ramos, principal acusada en el caso.