Primeros pasos para el relevo en la propiedad de Celsa. Los acreedores mayoritarios de la siderúrgica han recibido y aceptado las condiciones que les ha trasladado el Gobierno con vistas a obtener la pertinente autorización para hacerse con el control del grupo, que principalmente consisten en el mantenimiento de la sede y los empleos en España y la incorporación de un socio industrial que respalde la gestión.
Las entidades, en su gran mayoría fondos de inversión internacionales, pondrán en marcha en breve los procesos para lograr formalmente el permiso, que debe conceder el Consejo de Ministros al tratarse de inversores extranjeros que van a adquirir el control de una compañía de referencia en un sector considerado como estratégico por el Gobierno.
Un socio industrial
Fruto de los contactos preliminares, los que serán nuevo dueños de Celsa han conocido que para obtener luz verde del Ejecutivo, así como de la Generalitat de Cataluña, deberán establecer "compromisos firmes y vinculantes" con el mantenimiento del empleo y las capacidades productivas en España, así como con la viabilidad de la empresa a largo plazo.
El Ejecutivo también exigirá la incorporación de un socio industrial que refuerce la gestión de Celsa y que todo ello cuente con la articulación por parte de un consejo de administración de mayoría independiente.
Estos trámites se producen como consecuencia del reciente fallo del juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que avaló a comienzos de septiembre el plan de reestructuración presentado por los acreedores para asegurar la viabilidad financiera de la empresa y que incluye una operación de capitalización de deuda, por lo que los fondos relevarán a la familia Rubiralta como accionistas del grupo.
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