España se resiste a poner peajes: al Gobierno le faltan 10.000 millones para mantener la red viaria

El Gobierno ha salvado una situación comprometida al esquivar por el momento la obligación de aplicar peajes generalizados en las autovías sin comprometer la llegada del cuarto paquete de fondos europeos. Un escenario en el que se despeja una medida antipopular pero que, en cambio, amenaza con volver irreversible el problema del déficit de mantenimiento de la red de carreteras, que se irá por encima de los 10.000 millones de euros. 

Poco antes del verano, el director general de Tráfico, Pere Navarro, puso el dedo en la llaga al recordar que a partir de 2024 el Gobierno debía implantar un sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad para cumplir así con el plan de recuperación remitido en su día a la Comisión Europea para acceder a los fondos comunitarios.

Alternativa ferroviaria

Tras intensas negociaciones, Moncloa ha convencido a las autoridades europeas con el compromiso de impulsar el transporte ferroviario de mercancías para reducir las emisiones y promover así uno de los pilares de los fondos Next Generation, como es la descarbonización de la economía.

Bruselas ha admitido sustituir el sistema de pago en autopistas por disposiciones que fomenten el transporte de mercancías por ferrocarril, por lo que el Gobierno comunitario considera que se "mantiene el nivel de ambición" de la anterior medida, al tiempo que se abordan las recomendaciones específicas para España en este ámbito.

Aunque la solución adoptada parece servir de compensación desde el punto de vista medioambiental, deja al descubierto el otro gran objetivo de la generalización del pago por uso de autovías y autopistas: reducir de forma notable el déficit de mantenimiento en la red de carreteras del Estado y también de las comunidades autónomas. 

Desde hace años, los diferentes gobiernos han admitido que la partida presupuestaria es insuficiente para financiar la factura del mantenimiento de la red, que cada vez es más amplia y requiere, por tanto, de un mayor volumen de inversiones para su adecuada conservación. 

Participación privada

Distintas iniciativas parlamentarias para abordar esta cuestión han quedado en el olvido, así como los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, nada más alcanzar el poder tras la moción de censura de 2018, consistente en eliminar las concesiones de peaje según llegara su vencimiento para pasar progresivamente al sistema de pago por uso.

El compromiso llegó hasta la Comisión Europea, después de que llegaran diversas propuestas desde el sector privado, en especial de Seopan, la patronal de las grandes constructoras y de las concesionarias de infraestructuras. Sus estudios apuntaban a la necesidad de implantar el sistema si se pretendía paliar el déficit de mantenimiento, al mismo tiempo que obtener otros beneficios en forma de recaudación fiscal y creación de empleo.

Se agrava desde la crisis 

El gran problema del mantenimiento no se da tanto en las vías de alta ocupación, prioritarias a la hora de destinar el presupuesto a conservación, sino a la red secundaria. Su progresivo deterioro se ha reflejado en el incremento del número de accidentes y de puntos negros, según ha denunciado en numerosas ocasiones la Asociación Española de la Carretera (AEC).

La falta de recursos para la conservación de la red se agravó a raíz de la crisis financiera iniciada en la primera década del siglo. Provocó significativos recortes presupuestos que incidieron muy negativamente en los volúmenes de inversión en infraestructuras. 

Desde entonces, el déficit prácticamente se ha duplicado y superará en breve la barrera de los 10.000 millones de euros. Una cifra que el sector confiaba en que se redujera a partir de un pago masivo por uso que deberá esperar. 

La medida aparca el problema del Gobierno a la hora de aplicar una iniciativa que tendría un gran rechazo de la población, pero no lo soluciona. Los expertos concluyen que, más tarde o más temprano, el sistema deberá implementarse y, para entonces, los precios y los costes serán superiores para tratar de tapar un agujero cuyo tamaño aumenta en proporciones geométricas.

Fondos desbloqueados

La Comisión Europea aprobó este lunes la revisión del plan de recuperación de España, que elimina los peajes, y con la que se movilizarán un total de 93.500 millones de euros adicionales, 7.700 millones de ellos en transferencias y 83.200 millones de euros en préstamos.

Esta partida se suma a los 37.036 millones de euros que España ha recibido hasta la fecha y abre también la puerta a la solicitud de forma inminente del cuarto pago de 10.000 millones de euros, mientras que la totalidad del plan asciende ahora a 163.000 millones de euros y abarca 111 reformas y 142 inversiones.