Resueltas las elecciones en la Cámara de Comercio de Barcelona y el resto de entidades catalanas de dinamización empresarial, las nuevas cúpulas afrontan el reto compartido de la ley catalana de cámaras. Un proyecto fallido de suma importancia para las 13 entidades agrupadas en el Consejo General de Cámaras de Cataluña, especialmente para la de Barcelona por su peso específico.
Desde la extinción de la cuota cameral hace más de una década, estas corporaciones han visto menguados severamente sus recursos económicos. De hecho, muchas de ellas han adelgazado su estructura interna para adaptarse a la nueva situación.
Fracaso en 2020
En este contexto, los gestores de las cámaras ven la ley como su tabla de salvación. No solo porque garantizaría una financiación estable para sus actividades, sino también porque clarificaría sus competencias frente a los agentes sociales, tanto sindicatos como patronales.
Pero mientras en el resto de autonomías se han consensuado leyes para abordar la financiación y atribuciones de estos organismos, en Cataluña han fracasado todos los intentos. El más sonoro ocurrió en 2020. Hace tres años, la norma llegó a tramitarse de forma exprés en el Parlament, pero las reticencias de los partidos de la oposición hicieron naufragar el borrador defendido en aquel momento por Joan Canadell como presidente de la Cámara de Barcelona.
Joan Canadell, diputado de JxCat
Oposición de Pimec
En aquel momento, CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec persuadieron a los partidos extramuros del Ejecutivo formado por ERC y Junts para oponerse al proyecto legislativo.
Tres años después, todas las fuentes consultadas apuntan a la patronal de pymes liderada por Antoni Cañete como el único opositor a la ley catalana de cámaras. Las acusaciones han sido públicas. En noviembre de 2022, la Cámara de Terrassa reprochó a Pimec sus condiciones pensadas para impedir la aprobación de la norma.
Nueve años de retraso
El último borrador, impulsado por la Cámara de Sabadell, ha supuesto un trabajo de miriñaque entre todas las corporaciones catalanas, como ha reconocido a este medio un presidente cameral. El resultado del acuerdo ha concitado el visto bueno de Foment y sindicatos, aunque la patronal de pymes todavía se resiste. Hasta que no se disipen estas reservas, resulta dudoso que la iniciativa llegue a buen puerto.
Pero Pimec no tiene toda la culpa. También ha faltado valentía por parte del Govern, como declaró Mònica Roca en el balance de mandato de Eines en la Cámara de Barcelona.
Conviene recordar que el Gobierno aprobó una ley nacional de cámaras en 2014 que debía servir como marco de las diferentes regulaciones autonómicas. En un principio, se instó a los ejecutivos regionales a adaptar la norma a lo largo de 2015. Las cámaras catalanas esperan resolver esta carpeta en 2024 tras nueve años de retraso.