El Estado ha recaudado unos dos millones de euros en Cataluña con el denominado impuesto de solidaridad, aplicado a las rentas más elevadas, en su primer año de aplicación. La nueva figura fiscal ha afectado a un total de 322 declarantes en el territorio y supone una ínfima parte de los 623 millones recaudados por este concepto en el conjunto del Estado.
El motivo de esta testimonial aportación reside en que el nuevo impuesto sólo se aplica, con carácter general, en aquellas Comunidades Autónomas cuyos gobiernos regionales aplican bonificaciones al ya existente Impuesto sobre el Patrimonio, dentro del ámbito de sus competencias.
Evitar la doble imposición
De esta forma, el Gobierno evitó la doble imposición a la hora de aprobar el impuesto, que fue de aplicación inmediata, por lo que el primer ejercicio afectado ha sido el de 2022, cuya liquidación concluyó el pasado 31 de julio.
Esta circunstancia explica que Madrid, Andalucía y Galicia hayan aportado el 95% de la recaudación total.
Paliar la inflación
En el caso de las dos primeras, los gobiernos autonómicos bonifican la práctica totalidad de Patrimonio, mientras que la Xunta de Galicia aprobó recientemente hacer lo propio, aunque sólo al 50%.
"Esta figura tributaria cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva en el que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen en un contexto de alza de precios por la guerra de Ucrania", recuerda en una nota informativa el Ministerio de Hacienda.
12.000 declarantes
Igual que ha sucedido en Cataluña, la recaudación por este nuevo impuesto también ha sido simbólica en territorios con una cifra destacada de declarantes, como Cantabria (400.000 euros) y Comunidad Valenciana (200.000 euros).
El impuesto grava los patrimonios declarados que superan la cota de tres millones de euros, algo más de 12.000 en el conjunto del Estado.